Los dos informes provisionales al CGPJ

Carmen Llombart, conservadora

Una reforma de la ley plenamente constitucional

La vocal «conservadora» Carmen Llombart coincide con su compañera en la necesidad de desligar la anomalía fetal con la salud psíquica de la madre. Sin embargo, no tiene dudas de que el anteproyecto del Ejecutivo es plenamente constitucional, ya que establecer un sistema de supuestos para la interrupción voluntaria del embarazo ya fue avalado por el TC en 1985, y esa constitucionalidad no cambia por el hecho de que haya pasado 30 años. Sin embargo, también se critica la utilización de concepto «indeterminados» en el texto.

-«Se echa en falta que el anteproyecto no contenga una política general, integral de protección de la maternidad...que, probablemente, sea el instrumento más adecuado para proteger la maternidad y, en consecuencia, la vida del concebido, potenciar la natalidad y reducir los potenciales abortos»

-Considera que debe incluirse el aborto en aquellos supuestos en que la malformación del feto sea inviable con la vida, sin que, en estos casos, se necesite acreditar con ningún informe que especifique que continuar con su embarazo le provoca un daño psicológico o psíquico..

-Aboga por la existencia de un «defensor judicial» que medie cuando existan conflictos entre menores embarazadas y sus padres, a la hora de decidir si aborta.

-Valora positivamente todo lo relativo a la información sobre ayudas públicas a la mujer embarazada, antes de que ésta decida abortar o no, e igual respecto a regulación establecida sobre la objeción de conciencia en el anteproyecto.

Pilar Sepúlveda, progresista

Un anteproyecto que «criminaliza» a la mujer

La vocal «progresista Pilar Sepúlveda aboga en su informe por la retirada del anteproyecto del Gobierno, al entender, entre otros muchos motivos, que «criminaliza» a la mujer. En contra, defiende la vigente ley de plazos, aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, porque sigue el «modelo más extendido entre los países de nuestro entorno».

-El anteproyecto del Gobierno representa «un regreso a la situación de inseguridad jurídica y prácticas extralegales o paralegales...la libertad de la mujer embarazada decae de forma evidente ante la protección de un bien jurídico que representa el concebido, que no es titular de un derecho a la vida».

-El anteproyecto reclama como objetivo la reducción del número de abortos, sin embargo, la única respuesta que ofrece es la criminalización de conductas y la eliminación del ámbito de decisión de la mujer».

-La regulación prevista en torno a la exigencia de múltiples informes médicos pueden convertirse en un trámite gravoso y oneroso, incluso económicamente, con consecuencias socieconómicas en las mujeres» de peor situación económica.

-Critica que el supuesto de aborto en el caso de peligro grave para la salud psíquica de la mujer por anomalía fetal, incompatible con la vida, se ha de suponer también la existencia de un informe psicológico que contraste y confirme dicho peligro.