Los Mossos acusaron a la Policía de «aumentar el riesgo de atentado»

El consejero de Interior de la Generalitat, Ramón Espadaler, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, comenta estos días, dentro de su entorno, que los Mossos D’Esquadra, cuerpo que depende de él, en ningún momento acusaron al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de dar un «chivatazo» a los miembros de la célula yihadista que era vigilado por los agentes autonómicos, sino que se limitaron a narrar unos hechos. «La voluntad de esta acción (la de los miembros del CNP) era entorpecer la investigación policial con el objetivo de que no existiera acción judicial punitiva, dejando impune las conductas que realizaban las personas investigadas», dice el segundo informe que remitieron a la Audiencia Nacional. No se trata, según los citados medios, de una simple narración de hecho sino de acusaciones muy graves y concretas.

Este segundo informe, que fue rechazo el pasado día 21, como lo había sido el primero, por la Audiencia Nacional, llega a proponer, incluso los delitos que se deben aplicar a los agentes del CNP. Nos encontramos, según las citadas fuentes, ante un caso que ha sido provocado por la actitud de determinados responsables políticos catalanes que ahora quieren ponerse de perfil.

En las conclusiones del segundo informe enviado por los Mossos a la Audiencia Nacional se dice lo siguiente:

–«Los miembros de la célula (yihadista) fueron advertidos y auxiliados (sic) por parte de dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con el fin de evitar su detención».

–«Este aviso tuvo dos consecuencias inmediatas que pudieron causar un grave perjuicio a la investigación en curso y por tanto a la seguridad pública en general: tres de los investigados decidieron marcharse a Siria para unirse a la organización terrorista Estado Islámico y evitar su detención en España». Lo cierto es que fueron detenidos en Bulgaria.

–«Por otra parte, la célula terrorista investigada detuvo sus actividades casi por completo, sin disolverse, tomando diversas medidas de seguridad destinadas a dificultar su seguimiento y vigilancia». Según las mencionadas fuentes, las medidas de seguridad son habituales en estos grupos que no debían sentirse tan cercados cuando no se disolvieron.

–«Otro grave perjuicio que podría haberse dado (pero que no se dio) es el grave riesgo para la integridad física de los funcionarios policiales que han intervenido en la presente investigación, con diversos grados de implicación de cada uno de ellos, que podría haber comportado su detección por parte de los investigados, con las posibles represalias que podrían haber tomado contra ellos».

–«Toda esta situación generada podría haber desembocado en una pérdida significativa del control que mantenía esta Unidad sobre la organización criminal investigada, que podría haber comportado que sus miembros hubieran realizado diversas gestiones relacionadas con la preparación de un atentado en España así como de envío de voluntarios a Siria e Irak, y que no hubieran sido detectadas por los miembros de esta Unidad». Estos hechos nunca ocurrieron.

–«Por estos motivo se concluye que los hechos presuntamente delictivos que motivan las presentes, por revelación de secretos y colaboración con la organización criminal, aumentaron significativamente el riesgo concreto de la comisión de un atentado terrorista en territorio español».