Los partidos deberán someter sus cuentas ante el Parlamento

El Gobierno ha aprobado hoy los dos proyectos nucleares de su plan de regeneración democrática, que introducirán un "plus de publicidad"en las cuentas y subvenciones de los partidos, que tendrán que publicarse en su web, además de la obligación de la comparecencia parlamentaria del tesorero.

Estas son dos de las novedades confirmadas por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha dado el visto bueno el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos y la ley que regulará el ejercicio del alto cargo en la administración del Estado para su remisión a las Cortes.

El primero de estos proyectos prohíbe completamente las donaciones de personas jurídicas, y de entes sin personalidad jurídica pero que no son personas físicas, a los partidos políticos, así como que los bancos condonen las deudas a las fuerzas políticas, incluidos los intereses.

Las donaciones indebidas que reciban los partidos tendrán que ser devueltas a los donantes o ingresadas en el Tesoro y se obliga a todos los partidos, y no sólo a los que reciban subvenciones, a presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas.

La norma, que reforma tres leyes -la de financiación de partidos, la ley de partidos políticos y la ley del Tribunal de Cuentas-, introduce un mayor "control", "fiscalización"y "transparencia".

Así, los partidos estarán obligados a publicar en su web todas sus cuentas y los créditos recibidos, los plazos de amortización y los datos de la entidad bancaria, además de todas las subvenciones y donaciones de más de 50.000 euros que reciban.

El control parlamentario también se refuerza con la obligación de que el responsable económico financiero de los partidos comparezca en el Parlamento para explicar la contabilidad una vez que el Tribunal de Cuentas haya emitido el correspondiente informe de fiscalización.

También se contempla el cobro de las sanciones impuestas a los partidos en periodo ejecutivo por la Agencia Tributaria y será obligatorio para las formaciones políticas establecer un procedimiento normalizado de contratación.

Asimismo, se reconoce la capacidad de creación de partidos políticos a todos los ciudadanos de la Unión Europea y obligará también a todas las fuerzas políticas inscritas en el Registro de Partidos a actualizar sus estatutos en los plazos que marque la ley.

Igualmente, las fundaciones vinculadas a los partidos serán controladas de forma "mucho más rigurosa"y tendrán también que aportar su información al Tribunal de Cuentas.

Todo ello, según Sáenz de Santamaría, con el objetivo de que haya un mayor conocimiento por parte de los ciudadanos, un mayor control fiscal del Tribunal de Cuentas y parlamentario, a través de la comparecencia del tesorero en el Congreso.

El segundo de los proyectos que se ha aprobado hoy y comenzará en breve su tramitación parlamentaria es la ley reguladora del ejercicio del cargo público, que entre sus novedades incluye que los condenados por delitos especialmente graves, como el terrorismo no puedan ser cargos públicos mientras no se cancelen sus antecedentes penales.

Una limitación que ha contado con el aval del Consejo de Estado, que ha considerado que la honorabilidad exigible a los cargos públicos va "más allá"del ámbito o del componente profesional, y que es una exigencia más amplia que debe considerase un requisito para quienes ejerzan funciones públicas.

Por tanto, se considera que el no haber sido condenado por delitos de terrorismo entra dentro de los requisitos de idoneidad que serán exigibles, igual que se exigirá una "declaración responsable"para ser nombrado alto cargo.

Además, se regulará el régimen retributivo, de protección social y de compensación tras el cese de cualquier alto cargo y se reforzará el control y las limitaciones en los gastos de representación.