Luis Felipe Utrera-Molina: «La última palabra sobre Franco la tendría el Papa»

«El panteón de Mingorrubio no es una opción. Pedro Sánchez dijo que un dictador no podía estar en una tumba de Estado, supongo que no sabe dónde está enterrado Napoleón», asegura el abogado de la familia Franco.

Es reticente Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia Franco, a opinar sobre el fallo del Tribunal Supremo acerca de la exhumación que pretende llevar a cabo el Gobierno en el Valle de los Caídos. LA RAZÓN apuntó el pasado 27 de agosto a un previsible aval al traslado, aunque habría discusión respecto a dónde enterrar los restos de Franco. «Hacer una valoración sobre una conjetura sobre una posible sentencia es un poco porfiar, no me gusta hacer ese tipo de valoraciones», dice el letrado, para quien «influyen muchos factores» en una decisión semejante.

Utrera-Molina considera «sorprendente» que el Supremo «avale o se trague todos los vicios de inconstitucionalidad del real decreto [aprobado para dar vía legal a la exhumación], pero vamos a suponer que los sortea, porque lo lógico es que elevase la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, ya que hay dudas de la constitucionalidad de una norma de la que depende el fallo», explica. Pero «en el caso de que se produzca la autorización», asegura el albacea del legado de Carmen Franco, «dependerá de en qué términos se valide. Lo que muy probablemente diga es que sea sin perjuicio de la necesidad de contar con una autorización eclesiástica, que el propio Gobierno ha asumido como necesaria, con lo cual la Iglesia podría tener la última palabra. En cuyo caso sería el prior del Valle de los Caídos el que tendría esa última palabra y, en último término, el Papa».

Se basa Luis Felipe Utrera-Molina en «la existencia de un tratado internacional» –los acuerdos con la Santa Sede– y «si no es la Iglesia la que lo autoriza», afirma, «o me dice el Supremo que en defecto de negarse la aprobación eclesiástica valdría la de un juez, lo cual sería mucho decir, o al final es la Iglesia la que tiene la última palabra».

Acerca de la inhumación, el abogado de los nietos de Franco dice no concebir «como jurista» que el Supremo «pueda validar una actuación flagrantemente contraria a Derecho como es el veto a la Almudena, que además incumple el propio real decreto que aprobó el Gobierno», donde se apunta «hasta en tres ocasiones» que la familia tiene «derecho a decidir» el lugar de inhumación. «No lo condiciona, no dice que valdrá siempre que le guste al Gobierno, o a su presidente».

Critica Utrera-Molina el informe de la Delegación del Gobierno en Madrid que defendía la imposibilidad de un entierro en la cripta de la catedral madrileña. «Sacarse de la manga una cláusula de orden público para cercenar un derecho fundamental es una barbaridad que dudo que el Supremo pueda validar, y si lo hace pues no sé, habría que pensar en colgar la toga».

Ante un posible traslado de los restos de Franco, la familia siempre ha descartado la inhumación en El Pardo. «Mingorrubio no es una opción. Sánchez dijo que un dictador no podía estar en una tumba de Estado, supongo que no sabe dónde está enterrado Napoleón... pero Mingorrubio es propiedad del Estado y la familia no quiere estar a expensas de que el gobierno de turno mañana decida remover de nuevo los restos de su abuelo. Es contrario a Derecho y a toda lógica que no se permita a una familia enterrar a sus muertos en una sepultura que tiene en propiedad», insiste el letrado en referencia a la Almudena.

La representación legal de los Franco ha apuntado en alguna ocasión que recurriría incluso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En este sentido, Luis Felipe Utrera-Molina afirma que van a «agotar todos los recursos en función de cuál sea la sentencia, pero hasta que no la tengamos no podemos decir nada. Yo espero que se ajuste a Derecho».

Una de las primeras medidas de Pedro Sánchez fue anunciar la exhumación de Franco. El desarrollo de los acontecimientos es criticado duramente por el abogado, para el que «los actos del Gobierno desmienten los pasos que después ha dado legislativamente». Y pone el acento en la pretensión del Gobierno de que en el Valle de los Caídos no haya nadie enterrado que no haya muerto a causa de la Guerra Civil: «Es una falsedad, estamos ante un caso paradigmático de ley de caso único porque, que yo sepa, hasta el día de hoy, y ha pasado más de un año, no se ha iniciado el expediente de exhumación de los otros 192 muertos, 20 monjes incluidos, que están enterrados allí y que no han muerto como consecuencia de la Guerra Civil. Lo cual es evidente y deja al descubierto lo que es una verdadera ley de caso único».

Afirma Utrera-Molina que el presidente «dice que quiere sacar a Franco, después le dicen que así no se puede hacer y que lo hay que hacer es una ley de carácter general, la disfrazan como tal, pero después solo inician la exhumación de Franco. Es evidente que al Gobierno no le importan nada los 20 monjes ni las otras 172 personas enterradas en Cuelgamuros. Lo único que quería era sacar a Franco y para sacarle han retorcido la legalidad, la han disfrazado para presentar una ley con un supuesto carácter general del que carece. Me parece absolutamente lamentable este maquillaje legal».

Considera que «esto forma parte de una estrategia política que como abogado no me corresponde a mí valorar, lo único evidente es que el propio Gobierno ha ido rectificando a medida que ha ido avanzando el procedimiento, porque entre otras cosas ni siquiera contemplaba que hiciera falta la autorización eclesiástica para entrar en el Valle de los Caídos». Según el abogado de los nietos de Franco, «se le había olvidado que estamos hablando de un lugar de culto. Hay un tratado internacional que declara su inviolabilidad. Pero no solo en el caso de la Iglesia católica sino también en el caso de la religión judía o de la musulmana. Y le voy a decir una curiosidad: si Franco hubiera sido judío o musulmán, el Gobierno no lo habría podido exhumar jamás, porque en las religiones judía y musulmana están absolutamente prohibidas las exhumaciones».

Fuentes del entorno de la familia siempre han hablado de «tranquilidad y confianza» en la Justicia. Que el Supremo se decidiera por el traslado, sería para Luis Felipe-Utrera Molina «una profunda decepción, lógicamente. Confío en que los tribunales de justicia son independientes y que son ajenos a la presión mediática. Nosotros nos ajustamos a argumentos de carácter legal, en modo alguno hemos utilizado de carácter político, y entiendo que mis clientes tienen el mismo derecho a recibir el mismo trato por parte de la Justicia».

Los Franco están viviendo un largo proceso expuestos ante la opinión pública. Su abogado asegura que «mis clientes se han sentido apoyados y arropados por miles de españoles, muchísimos miles de españoles, y por la comunidad benedictina, al tiempo que se han visto acosados por un gobierno que ha decidido ir a por ellos, y la muestra está en el procedimiento de reivindicación del Pazo de Meirás, que es un absoluto disparate desde el punto de vista legal».