La macrodenuncia paralela de las víctimas del empresario que dice haber financiado ilegalmente a Alvise

El denunciante que ha sacado a la luz las supuestas irregularidades en la financiación de Se Acabó la Fiesta, Álvaro Romillo, y en las que él mismo se ha involucrado como el que entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise, ha sido objeto de una macrodenuncia ante la Audiencia Nacional de miles de sus antiguos clientes, españoles e internacionales, en Madeira Invest Club (MIC).

Desde este "chiringuito financiero" -así lo calificó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en su advertencia de que no estaba autorizado como operador de inversiones- habría estafado más de 30 millones de euros, como se señala en la acción penal conjunta interpuesta por el despacho Zaballos Abogados. E, con ello, incurrido en otros delitos de apropiación indebida, publicidad engañosa, organización criminal y blanqueo de capitales.

A Álvaro Romillo se le señala en la macrodenuncia como cabecilla de la presunta trama delictiva que tenía como elemento central esta mercantil que ofrecía la posibilidad de financiar activos de lujos (vehículos de alta gama, yates e inmuebles) a cambio de percibir en un medio o largo plazo altos intereses. Una estructura que concuerda con las clásicas estafas que emplea un sistema piramidal.

Se hizo conocido con el estallido de la pandemia en 2020 a través de los vídeos que colgaba en su canal de Youtube "Cryptospain" en el que, con su rostro cubierto por un pañuelo y bajo el pseudónimo de "Luis", daba consejos sobre elusión de los deberes fiscales y difundía las bondades de los criptoactivos.

Fundó Madeira Investg Club y para convertirse en miembro había que abonar una cuota de membresía de 2.000 euros, que se volvía a pagar cada año. Los miembros, que ahora se presentan como víctimas, accedían entonces a la posibilidad de adquirir lo que denominaban "obras".

No era más que poner dinero para financiar todo tipo de productos o servicios de lujo, bajo la posibilidad de recuperar lo invertido con una rentabilidad mínima del 30% y que, prometían, podía llegar hasta el 40%.

MIC utiliza, según se señala en la denuncia, una sociedad radicada en Portugal como depósito de los fondos que recibían de los abonados a los servicios que ofrecía un club de inversiones que vendía, sobre todo, "exclusividad" y suculentas dádivas.

La denuncia también afecta a otra mercantil, de nombre Sentinelbq, que se dedicaba al almacenamiento de criptoactivos, oro y efectivo en cajas fuertes, sin necesidad de verificación de identidad, para que los interesados pudieran solicitar y disponer de préstamos en efectivo sin que computase como incremento patrimonial a efectos fiscales.

Figuran también como implicados Alejandro Pérez Frías, administrador de varias de las sociedades vinculadas a la supuesta trama, y Borja Lara, la otra cara visible del MIC en los eventos que celebraba por todo España y que, asimismo, ejercía de administrador único en otras muchas mercantiles bajo sospecha por estos hechos, entre otras muchas empresas en las que se podía invertir o el asesor fiscal de Romillo y MIC.

El pasado mes de mayo comienzan Romillo y sus supuestos cómplices a descapitalizar las billeteras vinculadas a Madeira y el líder comienza a vivir con su familia, como se dice que alardeaba en redes sociales, en un yate valorado en 23 millones de euros. La última noticia que se tuvo del principal denunciado es que su megaembarcación estaba a finales de agosto atracado en Emiratos Árabes Unidos.

Por todo ello, desde Zaballos Abogados reclaman a la AN que incoe una serie de diligencias de investigación como el embargamiento y bloqueo de todas las cuentas bancarias o activos de los que sean titulares investigados, se proceda a la entrada y registro de los domicilios sociales de todas las compañías vinculadas a la supuesta estafa millonaria y con miles de afectados, y que se libre oficio para que averiguar el paradero de todas ellos por el riesgo de fuga que, alegan, existe.

En en el caso concreto de Romillo piden a través de esta denuncia colectiva al juez que emita una orden de busca y captura contra él.