Margallo rediseña el mapa diplomático

Casi 40 borradores, aunque sólo cuatro «oficiales», hicieron falta para que el Consejo de Ministros recibiera el viernes de la semana pasada la primera versión del anteproyecto de la ley de acción exterior, empeño del ministro de Asuntos Exteriores. Esta ley con vocación de actualizar la diplomacia española al siglo que vivimos podría llegar al Congreso para su tramitación antes del verano previa consulta con el Consejo de Estado, comunidades autónomas, sindicatos y otros actores que tengan algo que decir.

Sin embargo, lo más difícil ha pasado. Poner de acuerdo a los diferentes ministerios, cuyos intereses chocan en muchos puntos, ha sido una batalla monumental. El espíritu que inspira esta ley pendiente desde hace décadas es, según José Manuel García-Margallo, hacer uso de los recursos disponibles (que son enormes y caros) para lograr una mayor eficacia. Es decir, hacer más con lo mismo o, a ser posible, con menos.

La última versión de la ley a la que ha tenido acceso LA RAZÓN también contempla la integración española en oficinas diplomáticas europeas o iberoamericanas en países en los que no estemos presentes «dado el actual escenario de necesaria restricción del gasto público». Esta última iniciativa es de marca española y fue defendida en Bruselas por nuestro país contra los recelos de socios más grandes que no veían cómo podrían sacarle partido.

Echando un vistazo al actual despliegue de la representación española, salta a la vista que la localización ha quedado obsoleta en el nuevo escenario económico. Sólo un 17 por ciento de las 118 embajadas bilaterales españolas se sitúa en la región emergente de Asia-Pacífico, con un total de 47 diplomáticos.

En cambio, entre África y Oriente Medio se reparten cuarenta misiones permanentes con 105 miembros del cuerpo diplomático. Margallo ya alertó en la rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se puso de largo el anteproyecto, de la necesidad de reestructurar los puntos en los que tenemos representación. El ministro de Exteriores explicó que en 50 de los 92 consulados no hay una oficina comercial pese a la imperiosa necesidad de buscar negocio fuera de nuestras fronteras. De nuevo en Asia-Pacífico la presencia consular se queda corta: existen ocho consulados con el mismo número de diplomáticos. Sólo Francia acoge en este momento diez delegaciones consulares. En cambio, en Iberoamérica operan hasta 23 consulados, un signo de otros tiempos en los que la emigración española se dirigía mayoritariamente hacia allí.

En su artículo 13, el anteproyecto especifica que el Gobierno, a través del Ministerio de Exteriores, «velará para que la acción exterior en sus distintos ámbitos se dirija preferentemente a las áreas o países que se consideren prioritarios para el cumplimiento de los objetivos de política exterior».

En este momento, Iberoamérica aparece en todas las listas de preferencias de Exteriores como un escenario natural para la inversión española. El número de embajadas es de 22 y son 76 los diplomáticos que sirven allí frente a las 39 legaciones permanentes en países europeos con un total de 130 diplomáticos en sus filas.

Pero conviene destacar que el servicio exterior va mucho más allá del cuerpo diplomático, formado por menos de un millar de españoles. Del total de personas que trabajan fuera de España al servicio de España (unas 7.700), tan sólo un 56 por ciento depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. El resto, cerca de 3.400 personas, está vinculado a otros ministerios, ya sea Educación, Interior o Defensa.

Para unificar un contingente tan heterogéneo, el Consejo Ejecutivo de Política Exterior (creado hace años pero nunca convocado) integrará a representantes de todos los departamentos sin límite y bajo la batuta de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Allí se verán las caras y podra valorarse qué hace falta y dónde, aunque la última palabra la tendrá, como hasta ahora, el Ministerio de Hacienda.

Fuentes diplomáticas consideran que este órgano supone un avance fundamental porque «todos sabremos todo de todos». A partir de la entrada en vigor de la ley, dicho Consejo Ejecutivo tendrá seis meses para recolectar la información de todos los ministerios y realizar un informe realista de los recursos disponibles, humanos y materiales. Entonces podrá comenzar a rediseñarse el mapa.

El PSOE ve «muy lejos» un acuerdo

El PSOE se ve «muy lejos» de llegar a un acuerdo con el Gobierno en torno a la Ley de Acción Exterior del Estado propuesta por el Ejecutivo. García-Margallo ha convocado a los miembros de la Mesa y la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso a una reunión el miércoles en el Palacio de Santa Cruz para explicarles el anteproyecto. El diputado del PSOE Juan Moscoso, que acudirá a la cita junto a su compañero Alex Sáez, avanzó ayer que irán a la reunión con el propósito de «escuchar» lo que tenga que decirles el ministro, pero adelanta que los socialistas se sienten «muy distanciados» del contenido del anteproyecto, en cuya redacción, denuncia, no han sido tenidos en cuenta.