Mas buscará un acercamiento con Rajoy para lograr más déficit

Mariano Rajoy y Artur Mas no guardan una mala relación personal, pero tampoco tienen conversaciones muy asiduas. El presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat apenas se ven a lo largo del año. Por eso, cada coincidencia es una ocasión magnífica para Mas para traer a colación la agenda de su Gobierno. El líder nacionalista intentará aprovechar el almuerzo que Rajoy ofrecerá hoy en Barcelona con motivo del Salón Internacional del Automóvil para poner sobre la mesa sus urgencias, en particular, las relacionadas con el margen de déficit. «Si hay la oportunidad, se hará notar», dicen desde el Govern. Por parte de Rajoy, el acto en sí mismo es un mensaje de apoyo a una industria distribuida por toda España, pero hacerlo en Cataluña demuestra el sinsentido de la ruptura y prueba que hay buenas noticias de inversión.

La Generalitat no ha presentado aún los Presupuestos de 2013 porque no está dispuesta a asumir el techo del 1,2% que ha fijado el Gobierno. Mas no es el único presidente que reclama más margen de gasto, pero sí el único que amenaza con no someterse a los límites del Gobierno, ya que considera que el tope debe ser al menos del 2,1% respecto al PIB (un tercio del total español, del 6,3%).

Nada hace pensar que el Gobierno vaya a elevar hasta ese punto el techo de déficit autonómico, pero el president no tiene otro remedio que intentarlo, ya que así lo ha pactado con su socio, Oriol Junqueras. El líder de ERC insiste desde hace semanas en rechazar los límites del Gobierno –incluso el del 1,5% que todavía no se ha concedido– y plantea abiertamente prorrogar los Presupuestos, un extremo que la Generalitat no había contemplado, pero que ahora comienza a contemplar vista su minoría parlamentaria.

Las demandas de la Generalitat para tener más manga ancha con el gasto se producen en un contexto de creciente desafío por parte de CiU y ERC. Esta semana, el Tribunal Constitucional suspendió la declaración de soberanía y la reacción de Mas consistió en subrayar que las instituciones del Estado no frenarán el proceso del derecho a decidir.

Es difícil que el proyecto soberanista se cuele en la conversación que Rajoy y Mas compartirán en el almuerzo, pero el presidente de la Generalitat intentará un aparte para persuadir al presidente.

El líder de CiU cuenta con una ventaja y son las palabras de Rajoy, esta misma semana en el Congreso, donde se comprometió a seguir «ayudando» a la Generalitat. El presidente dijo que su compromiso es «ayudar al conjunto de los ciudadanos catalanes, que tienen derecho», con independencia de que no le gusten algunas de las decisiones del Gobierno de Mas. El titular de la Generalitat argumenta que su administración ha realizado recortes muy severos en un tiempo récord hasta el punto de «tocar hueso» con el sistema de bienestar. Por eso, cree que está cargado de razones para reclamar al Gobierno que flexibilice el objetivo de déficit.

Presidentes autonómicos como el gallego Alberto Núñez Feijóo están de acuerdo con reivindicar más margen de gasto, aunque lo que no está claro es qué criterios seguir. «El déficit no es posible repartirlo sin criterios objetivos. Se puede coger el peso del PIB, la población, o el PIB ajustado a población, pero debe haber un criterio», dijo.

Mientras, la Generalitat seguirá sin presentar sus Presupuestos porque ha llegado a la conclusión de que ésta es la mejor manera de presionar al Gobierno. El problema para la Generalitat vendrá si opta por incumplir a la brava el objetivo, sea del 1,2 o del 1,5, o del 1,8%.

Hoy por hoy, la administración catalana tiene cerrado el acceso al mercado de crédito y no tiene otro remedio que acudir continuamente al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para obtener recursos que sirvan para cubrir sus vencimientos de deuda exterior y sus pagos a proveedores. No le conviene tensar demasiado la cuerda en este sentido, ya que la situación de su tesorería es extremadamente delicada y sin la ayuda del Gobierno puede verse condenada a la bancarrota.

Cataluña recortará 2.500 millones para recibir otros 9.400 del Estado

Ante la situación de insolvencia que tiene Cataluña, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, debería aplicarse cuanto antes la máxima de que no se debe insultar al que te presta el dinero. Es posible que más adelante el Estado español ya no se lo vuelva a fiar, y su dependencia del mismo está, al menos hoy, en niveles máximos. La comunidad afronta vencimientos de deuda por valor de 8.009 millones de euros durante el presente ejercicio –un 39% más que en 2012–, lo que significa que casi tres de cada cinco euros de pasivo público autonómico a devolver este año es catalán. La Generalitat, a diferencia de otros consistorios como Madrid, tiene cerradas las puertas del mercado ante su condición de «bono basura» y no puede financiarse de forma autónoma, por lo que el Gobierno central le ha prometido 9.398 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para pagar los bonos patrióticos y el déficit máximo de este ejercicio (hasta la fecha, el 0,7% del PIB, o 1.389 millones). A cambio, la Generalitat deberá afrontar un recorte presupuestario de 2.500 millones (el 1,26% del PIB), que es el resultado de reducir el «agujero» registrado en 2012 –3.889 millones, el 1,96% del PIB– al exigido para este año. El Ejecutivo no descarta que esta cifra de ajuste se reduzca si finalmente se concede un objetivo de déficit distinto a Cataluña, una circunstancia que elevaría el capital inyectado por el Estado. El capítulo del FLA destinado a financiar el déficit del 0,7% se pagará de forma mensual, con 11 cuotas de 126,3 millones. Cataluña solicitó el rescate en febrero, por lo que enero no computa en los desembolsos.

Respecto al Plan de Pago a Proveedores, otra de las propuestas del Gobierno que volverá a contar con Cataluna como uno de sus principales clientes, el Ejecutivo prevé dar prioridad de pago a las farmacias de la región. Las boticas catalanas denuncian que la Generalitat aún no ha abonado la deuda pendiente, pero Hacienda asegura que Cataluña no ha presentado las facturas y, por lo tanto, no ha podido poner los medios para liquidarlas. El Gobierno exigirá la justificación legal de las cantidades que se pidan en cada CC AA para controlar el destino del capital, informa Borja Carrascosa.