El desafío independentista
Mas costea la consulta pero no paga a las residencias de ancianos
A seis días de convocar el 9-N anunció el impago de 12 millones a estas entidades
Una vez suspendida la consulta por el Tribunal Constitucional, una de las preguntas es qué hará la Generalitat con los casi nueve millones de euros con los que se iba a costear el referéndum del 9 de noviembre. No hay comunicación oficial de cuál será ahora el destino de ese dinero reservado para la consulta en la partida «gastos de procesos electorales y consultas populares» del presupuesto del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales para 2014.
Pero si cuestionable es el dinero dedicado a la consulta, lo es más si cabe cuando seis días antes anunciara a muchas entidades sociales que un mes más no podrán afrontar aproximadamente unos 12 millones de euros en facturas de residencias de ancianos y centros de menores. El Departamento de Bienestar Social y Familia anunció el pasado día 22 que «por problemas de tesorería» dejarían de pagar una tercera parte de los 50 millones en facturas, aunque garantizó que todos cobrarían «como mínimo» la mitad de lo que deberían cobrar y que los problemas afectaban a entidades del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) y a las de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia.
La financiación, no sólo de la consulta, sino de toda la publicidad y propaganda independentista, siempre ha sido objeto de debate. Embajadas en el exterior, inmersión lingüística, el fomento de las tradiciones o el gasto en televisión pública son sólo algunos ejemplos de dinero público que acaba financiando el proceso independentista. El último, la consulta. Fondos que podrían costear muchas otras cuestiones y que reciben, por increíble que parezca, menos dinero que el coste destinado a la celebración del referéndum.
Ejemplos en los Presupuestos de la Generalitat hay muchos. Tres son entidades administrativas: la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, que recibió 6,2 millones de euros; la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, que se financia con 2,6 millones, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que sólo percibió 1,1 millones, según los Presupuestos de la Generalitat de 2014. Muy por debajo de los casi nueve millones que Artur Mas reservó para la consulta.
El apartado de las fundaciones, muchas dedicadas a la investigación de enfermedades, sale aún peor parado. Hasta 24 de estas entidades reciben menos fondos de la Generalitat de los que iba a destinar para el 9-N. Así, por ejemplo, el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del cáncer recibió 3,69 millones de euros del Govern; sólo 3,15 millones destinó el Ejecutivo catalán para el Instituto de Investigación Biomédica de Lérida, la fundación Dr. Pifarré; el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras percibió 4 millones de la Generalitat, y por último, el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona recibió 6 millones.
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