Más de 200 agresiones a funcionarios de prisiones en el primer semestre

Los sindicatos exigen que se les reconozca como agentes de la autoridad, se cubran las más de 3.000 vacantes y se les dote de pistolas taser de descargas eléctricas.

Imágen de archivo de  una protesta del sindicato   CSIF
Imágen de archivo de una protesta del sindicato CSIF

Los sindicatos exigen que se les reconozca como agentes de la autoridad, se cubran las más de 3.000 vacantes y se les dote de pistolas taser de descargas eléctricas.

Las agresiones a funcionarios de prisiones se han convertido en noticia de forma más que habitual durante los últimos meses. Extraña es la semana que no se conocen nuevos sucesos de este tipo. La última, ayer mismo. Los centros penitenciarios de Morón de la Frontera o Picassent han sido los escenarios donde se han registrado algunas de las últimas agresiones. A falta de datos oficiales de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, el sindicato CSIF-Prisiones tiene contabilizadas en el primer semestre de este años unas 220 agresiones a funcionarios, «lo que viene a representar una al día, y en todas ellas hay partes médicos que las acreditan», sin computar las ocurridas en las prisiones de Cataluña, ya que esta comunidad autónoma tiene las transferencias sobre materia penitenciaria, «ni las agresiones verbales o amenazas, algo que sufrimos a diario», señala al respecto un funcionario de prisiones a este diario. Los centros penitenciarios de Picassent (Valencia), Albocàsser (Castellón), Puerto de Santa María (Cádiz), Morón de la Frontera (Sevilla), Estremera (Madrid) y Texeiro (A Coruña) son en los que, según el citado sindicato, más incidentes de este tipo se han registrado últimamente.

Las agresiones más frecuentas que sufren estos funcionarios por parte de los presos son aquellas que consisten en «puñetazos, mordiscos, e intento de pincharnos con artilugios caseros que ellos mismos se fabrican con huesos de pollo, cuchillas de afeitar u otros objetos que usan para atacarnos e incluso en algún caso, como sucedió recientemente en la cárcel de Málaga, intentar secuestrar al funcionario».

Los módulos donde se encuentran los internos clasificados en primer grado son donde más hechos de esta clase se cometen, pero «sin olvidar las enfermerías, porque hay muchos internos «que son violentos porque padecen enfermedades mentales pero que no se tiene información de ello, y por tanto, no se puede actuar preventivamente»; y, en gran parte de los casos, se trata de presos «que presentan problemas de drogadicción y tienen esas reacciones violentas cuando les da un brote» derivado de esa adición.

Ante esta situación el colectivo de funcionarios de prisiones considera del todo inaplazabe que se adopte por los responsables de Interior, de quien depende Instituciones Penitenciarias, tres medidas: que se les considere agentes de autoridad, que se cubran las más de 3000 vacantes existentes en estos momentos y que se les dote de material de defensa, en concreto, de pistolas Táser, es decir, de descargas eléctricas. Respecto a la primera de esas peticiones, consideran que si se les otorgase la condición de agentes de la autoridad «se lo pensarían dos veces antes de agredir a un funcionario, porque ahora les sale casi gratis y entonces podrían ser condenados hasta 4 años de cárcel». Y es que, consideran que «si un profesor o un médico tienen esa condición, también la debemos tener nosotros, que trabajamos día a día con personas que han dado muestras de comportamientos problemáticos en la sociedad».

En cuanto a las vacantes, desde la Administración Penitenciaria se admite que existen 3000 vacantes en este Cuerpo, aunque CSIF eleva ese número hasta 3576 las plazas de funcionarios de prisiones que había que cubrir. Esta circunstancia origina que no puedan desarrollar su trabajo con normalidad, «ya que tenemos que hacer el mismo trabajo con mucho menos personal». «¿Cómo podemos trabajar correctamente si dos funcionarios tienen a su cargo entre 140 y 150 presos?». Por ello, consideran del todo necesario y urgente aumentar la ratio de funcionarios respecto a los internos, porque en la actualidad, sostienen, es muy difícil «poder ejercer un control» sobre los reclusos.

Además, solicitan que se les dote de los elementos de defensas necesarios para repeler agresiones y evitar «situaciones» que pueden derivar en incidentes graves. Así, abogan porque puedan llevar pistolas Taser, es decir, aquellas que provocan descargas eléctricas.