Más de 550 enmiendas a la «ley Celaá»

El Pleno del Consejo Escolar del Estado se reúne hoy para dar su dictamen al anteproyecto del PSOE.

El Pleno del Consejo Escolar del Estado se reúne hoy para dar su dictamen al anteproyecto con el que el Ejecutivo quiere derogar la Lomce y crear una nueva ley educativa. El máximo órgano consultivo del Estado en materia educativa hará así su valoración sobre el contenido de la reforma que defiende la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. El Ejecutivo se enfrenta a 551 enmiendas, dos de ellas a la totalidad del articulado propuesto.

En el informe elaborado por la Comisión Permanente del Consejo el pasado 10 de diciembre los representantes de la comunidad educativa hicieron diversas observaciones al texto de Celaá que ahora debe respaldar el Pleno en una votación que se cerrará a última hora de hoy o que puede prolongarse hasta mañana.

Llama la atención el alto número de enmiendas, de las que 460 se refieren al anteproyecto de ley del Gobierno y el resto, 91, al dictamen de la Comisión Permanente. La Concapa pide la retirada de todo el anteproyecto y «volver a la negociación de un pacto educativo político y social». Por su parte, el CSIF reclama la sustitución de la ley por un real decreto que paralice los, en su opinión, «aspectos polémicos de la Lomce», entre los que cita las «pruebas finales externas para titulación» o la «única prueba para acceso a la Universidad», mientras que USO se muestra contrario al dictamen en su conjunto.

La gran mayoría de enmiendas parten de Concapa, Escuelas Católicas, Ceapa o CSIF. La principal reivindicación de estos miembros del Consejo Escolar es la libertad de elección de centro, el papel de los padres a la hora de decidir acerca de la educación de sus hijos o el derecho a la educación concertada, un sector que se siente atacado especialmente desde que la ministra Celaá insistiera en que se modificará el artículo 109.2 de la Lomce, que hace referencia al concepto de «demanda social».

Este artículo establece en concreto que la oferta de las plazas escolares se determinará, entre otras cuestiones, por esta «demanda social», que se traduce en que las plazas de la pública y la concertada variarán en función de lo que pidan los padres.

Llama la atención el alto número de enmiendas teniendo en cuenta que ha habido poco tiempo para prepararlas puesto que han estado de por medio las fiestas de Navidad, lo que da la medida de la alta contestación a la reforma educativa que propone el Gobierno de Pedro Sánchez.

Uso del castellano

En el informe del pasado diciembre, el Consejo propuso que la Administración del Estado fije una porción mínima del uso de la lengua castellana en toda España, «como lengua oficial que es». «Se da la circunstancia negativa en algunos puntos del Estado de asignar un uso marginal a la lengua castellana, de forma que no parece la lengua oficial de todo el Estado, y se incumple el artículo 3 de la Constitución cuando señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».

Además añadía: «Al ser la lengua castellana patrimonio común de todos los españoles, no parece conveniente que la Administración central haga delegación total de su uso vehicular en el ámbito educativo a las administraciones autonómicas». La reforma de Celaá prevé que sean las administraciones las que determinen el numero de horas en lengua castellana.

Otras recomendaciones del Consejo son que se incluya «Historia del Mundo Contemporáneo» como materia común en todas las modalidades del Bachillerato, que sea una prioridad contar con direcciones estables en los centros educativos públicos y que haya una coordinación entre comunidades de las políticas educativas. Además, el Consejo recomienda fijar una financiación del sistema educativo que sea al menos del 5,5% al finalizar el proceso de implantación de la reforma. También solicitan que las becas sean un derecho subjetivo y que toda la ley incluya el concepto de «ruralidad», como garantía de igualdad educativa, social, económica y demográfica, informa Efe.

Críticas de la comunidad educativa

Concapa. «Este Consejo Escolar debería emplear toda su fuerza y prestigio en combatir la práctica de que cada fuerza política que llega al poder pretenda acabar con las aportaciones del que le precedió».

CSIF. «Acometer una reforma de la Ley Orgánica sin atender a la negociación dentro de un acuerdo e intento de Pacto de

Estado sugiere una durabilidad escasa y el riesgo de que (...) no pueda modificarse la Lomce en los aspectos polémicos».

Escuelas Católicas. «Entendemos que es importante dejar constancia de que el Consejo Escolar del Estado considera que toda reforma educativa ha de procurar el pleno desarrollo de la Constitución».

Concapa. «Es lamentable que pueda salir un Anteproyecto de Ley desde el que se ignoran las enseñanzas de la Religión, (...), no dándoles categoría como para estar citadas en los planes de estudios sino en una Disposición Adicional Segunda».