Mas hará un censo de catalanes en el exterior para el 9-N

El Gobierno de Artur Mas continuó ayer con los preparativos de la consulta soberanista que pretende celebrar el 9 de noviembre, aunque lo hizo con el mayor sigilo posible para no despertar suspicacias. La Genera- litat aprobó el decreto de creación del registro de catalanes residentes en el exterior, el cual permitirá conocer «la ubicacación y los datos de interés» de todos aquellos que decidan inscribirse. Sin embargo, el portavoz del Govern, Francesc Homs, evitó relacionar este registro con la consulta. «No tiene una vinculación estricta con el 9 de noviembre», dijo.

Lo cierto es que el registro permitirá al Gobierno de Mas tener información de orden cualitativo sobre todos los catalanes afincados en otros países, aunque el decreto se limita a decir que la Generalitat podrá «facilitar a estos ciudadanos el ejercicio de sus derechos cuando el Govern articule políticas públicas que afecten o sean interés de este colectivo».

Los catalanes que quieran ser cómplices de este proyecto podrán iniciar los trámites de inscripción a partir del 3 de junio. Podrán registrarse todos aquellos ciudadanos que tienen la condición política de catalán, es decir, todos los que tienen nacionalidad española, están dados de alta en los servicios consulares españoles y tienen su último empadronamiento en alguna población de Cataluña. Asimismo, pueden añadirse al registro personas descendientes de catalanes con nacionalidad española que nunca han residido en el Estado pero que tienen como municipio de adscripción cualquier población catalana.

Según los cálculos de la Generalitat, hay unos 200.000 catalanes en el exterior, aunque la Administración da por hecho que buena parte de ellos no querrá inscribirse.

Hasta el momento, la Generalitat ha evitado comunicar la mayor parte de los detalles de todos los preparativos que tiene en marcha. Cabe recordar, por ejemplo, que la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, se desplazó a Quebec con el objetivo de conocer sistemas de votación telemática susceptibles de ser aplicados en la consulta.

La Generalitat ha asignado un presupuesto de cinco millones de euros para materializar la votación soberanista, aunque la propia Ortega matizó que esta cifra podría ser «ampliable hasta donde haga falta». El Gobierno de Mas tiene la idea de abrir la votación –que no puede ser vinculante– a todos aquellos ciudadanos mayores de 16 años y también a inmigrantes.

La ley de consultas

Todo ello debe recogerse en la ley de consultas que desde hace meses prepara el Parlamento de Cataluña. No será, sin embargo, hasta septiembre cuando la Cámara catalana apruebe la normativa. La Generalitat asegura que será «impecable» desde el punto de vista jurídico y que se limitará a desarrollar las competencias del Estatut respetadas por el Tribunal Constitucional.

El conflicto, en todo caso, será inevitable una vez que el presidente de la Generalitat firme el decreto de convocatoria de la consulta, ya que necesariamente incluirá la pregunta que debe someterse a votación. «¿Desea usted que Cataluña sea un Estado? Y en caso afirmativo, ¿desea que sea independiente?», es el enunciado pactado por CiU, ERC, ICV y CUP. Mas, en cualquier caso, se prestó a negociar esta pregunta con el Gobierno para hacer posible la consulta, pero Mariano Rajoy ha sido contundente: «No se va a celebrar». Aunque Rajoy ha sido taxativo en su negativa, la Generalitat piensa continuar apretando el acelerador.