Mas se escuda en los presupuestos para justificar su órdago

Indignación, decepción, enojo, pero también un argumento más para no abandonar el proceso soberanista. Así ven desde el Gobierno catalán los presupuestos que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó anteayer. Pese a que Cataluña es la cuarta comunidad autónoma que, en términos absolutos, recibe una mayor inversión en infraestructuras, la Generalitat entiende que los presupuestos no han respetado la lealtad institucional del Estado con las comunidades autónomas, igual que sucedió con el reparto del déficit. El poco margen que tenía, en el actual contexto de crisis, «se la ha guardado para sus intereses», lamentó el portavoz del gobierno catalán, en vez de distribuirlo a las comunidades autónomas, que al fin y al cabo son quienes prestan los servicios sociales básicos.

Las inversiones en Cataluña caerán un 25 por ciento respecto a 2013. Sólo hay dos comunidades (Asturias y Murcia) que tendrán una caída mayor. Homs denunció que el volumen de inversión del Estado en Cataluña vuelve a niveles de 1999, «una cifra claramente por debajo de lo que nos corresponde», dijo con seguridad. Tal es su convencimiento, que apuntó que los presupuestos del Gobierno «son un argumento más para acreditar el proceso soberanista».

A diferencia de lo que en un principio denunciaron sus colegas de CiU en el Congreso de los Diputados, Homs no cree que Rajoy haya castigado a Cataluña por haber emprendido un camino hacia la independencia. Pero ironizó con que el Gobierno del PP tiene «una manera muy peculiar de querer a Cataluña».

Valiéndose de la expresión que esta semana ha utilizado el presidente del Gobierno para pedir a Mas que reconsidere su proyecto soberanista, Homs respondió que los presupuestos «no contienen ningún gesto de grandeza» hacia Cataluña, ni siquiera responden al «sentido común».

Tras esta retahíla de críticas, Homs confía en que el Gobierno revise las cuentas antes de su aprobación definitiva. Es una de las condiciones que puso para dialogar con el Estado, además de que «se rectifique la liquidación de un modelo educativo que ha funcionado durante 30 años (la inmersión lingüística); que las leyes que se nos han impugnado dejen de estarlo y que no dejen cobrar el impuesto sobre los depósitos bancarios».