Más seguridad para los candidatos

El crecimiento del hostigamiento por parte de radicales independentistas lleva a aumentar la escolta en Cataluña para evitar ataques personales contra los candidatos de PP, PSC y Cs.

El creciente hostigamiento de los grupos extremistas del independentismo catalán hacia todo lo que se considera «españolismo» ha aconsejado el refuerzo de las medidas de seguridad de políticos y otras personas identificadas como constitucionalistas.

Fuentes policiales cifran en medio centenar el número de agentes que se desplazarán a Cataluña para reforzar dicha plantilla. Ya hubo un apoyo de escoltas en el 1-O, algunos regresaron tras considerar que la situación de «normalidad» tras la aplicación del artículo 155 no lo hacía necesario. Ahora, ante la campaña electoral y la vuelta del hostigamiento, dichas fuentes destacan que se reforzará la seguridad. Interior no confirma que se vaya a aumentar la actual plantilla de escoltas y en medios próximos a la Guardia Civil no consta ninguna previsión de aumento de los agentes del Cuerpo que ya están destinados en esa comunidad a labores de protección de personalidades.

Lo que ocurre en Cataluña en las últimas semanas, con la presión de grupos extremistas sobre representantes de partidos calificados de «españolistas» ha obligado al Ministerio del Interior a tomar una serie de medidas para proteger a los candidatos de PP, PSC y Ciudadanos del acoso, y posible ataque, por parte de individuos pertenecientes a dichos grupos.

Entre estas medidas figura la de dotarles de escoltas, algo que en la actualidad está reservado a las altas personalidades del Estado y a casos concretos en que los especialistas consideran precisa dicha protección.

La presión sobre el «españolismo» es un hecho real que va a más y que, según fuentes consultadas por LA RAZÓN, será más visible durante la campaña electoral que empieza mañana. Tal y como adelantó el sábado este periódico en su web, los Comités de Defensa de la República (CDR) catalana, formados por independentistas, miembros de extrema izquierda y de movimientos contra el sistema, han anunciado la creación de un red secreta, con ayuda de Anonymous, para denunciar a los «botifler» (considerados traidores a la nación o a la independencia). Asimismo, se están dedicando a buscar datos personales y familiares de los militantes del PP, PSC y Cs.

En concreto, señalan que van a «construir una red anónima, segura, sincronizada y coordinada». Y añaden que vamos a hacer «efectiva la república, con un control del territorio y, la estrategia». La fecha límite para hacer realidad esa «república» es el 2 de febrero.

Con ser preocupante estos planes, lo que subrayan las citadas fuentes como algo que se puede convertir en un auténtico problema social es el control de la población que preconizan: «Comienza la diversión, la caza del botifler». «Hay que reunir información sobre funcionarios, empresarios, PP, Cs, PSC... Nombre, apellidos, familiares, pareja, domicilio, empresa, foto, Twitter, Facebook».

La gota que colmó el vaso de la actuación de estos grupos fue lo ocurrido el viernes, cuando unos desconocidos colgaron en un puente de la C-17 a la altura de Malla (Barcelona) siete muñecos boca abajo, algunos de ellos con logotipos de Cs, PSC y PP.

Los Mossos han abierto una investigación para tratar de identificar a las personas que colgaron estos muñecos en el puente, donde también se leía una pintada en la que se pide la libertad de los «presos políticos».

En la actualidad, unos 208 agentes (187 mossos y 30 policías y guardias civiles) dan protección a 41 personas, cuya identidad no se revela por razones de seguridad. Interior mantiene que ésta es la plantilla que se va a mantener, con alguna pequeña variación por razones funcionales, mientras que las fuentes policiales aseguran que se va a producir un aumento de medio centenar de agentes.

Expertos en la materia señalaron a este periódico que se trata de un asunto «dinámico» y que los posibles aumentos o reducciones del personal de escoltas dependen de muchas circunstancias y, sobre todo de los criterios de los servicios de información que trabajan sobre el terreno. Hablar de cifras, que normalmente se deben mantener en secreto, no contribuye a esa seguridad.