Mas será investigado por el 9-N

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite a trámite todas las querellas por la organización de la consulta. El president ironiza: «Si alguien se resfría, no es culpa mía»

Poco después de votar el 9-N, jaleado por las masas, que coreaban aquello de «in-de-pen-dèn-ci-a», Artur Mas improvisó unas palabras. Quería erigirse en el protagonista de la jornada con la idea de capitalizar la movilización a favor de la consulta. En un arranque de euforia, se presentó como el «superhéroe» de los independentistas que participaron el 9-N, ante las posibles reacciones de la Justicia. «Si la Fiscalía quiere saber quién es el responsable, que me miren a mí», desafió. Y así se hizo. La Fiscalía General del Estado interpuso una querella por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) contra Mas y dos de sus consejeras, la vicepresidenta de la Generalitat y titular de Gobernación, Joana Ortega, y la titular de Enseñanza, por ceder los colegios como espacio electoral.

Y ayer, la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió a trámite la querella de la Fiscalía, junto a otras seis querellas y 25 denuncias por los hechos del 9-N. Tras cuatro horas de debate, los seis magistrados que componen la sala civil y penal del TSJC acordaron investigar al president de la Generalitat y a sus consejeras por las presuntas responsabilidades penales en la celebración de la consulta alternativa sobre la independencia.

El alto tribunal resolvió investigar las denuncias por presunta desobediencia de la resolución del TC del 4 de noviembre que suspendió la consulta. El TSJC, en cambio, no admitió las querellas y denuncias contra la presidenta del Parlament de Cataluña, Núria de Gispert; contra los miembros de la Mesa del Parlament Anna Simó (ERC), Lluís Corominas (CDC); Josep Rull (CDC) y David Companyon (ICV), así como el consejero de Interior, Ramon Espadaler, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, o el presidente de ERC, Oriol Junqueras. El pleno acordó que todas las denuncias se agrupen en un único procedimiento.

La admisión a trámite de las querellas es sólo un paso burocrático más. No significa que Mas ni las consejeras estén imputados. Cabe recurso de súplica ante la misma sala del TSJC, una vez notificado el auto que argumentará el acuerdo, algo que está previsto para el 8 de enero.

Aunque la resolución se centra en investigar la supuesta desobediencia al Constitucional por organizar la consulta, deja la puerta abierta a añadir a la causa otros delitos, como los que también incluía la querella de la Fiscalía de Cataluña por prevaricación, malversación de fondos público y usurpación de atribuciones judiciales.

El magistrado que se hará cargo del caso será Josep Manuel Abril, designado por el Parlament como miembro del TSJC. De él se espera que dicte un auto cuando finalicen las fiestas navideñas.

Discurso victimista

Mas recibió con asombro la decisión. Confesó que «no se entiende» que lo lleven ante los tribunales por haber puesto urnas y permitir a la gente votar, pero admitió que respeta «plenamente» las decisiones judiciales. En un intento de quitar hierro al asunto, probó con la ironía. Aunque no tiene mucha gracia haciendo bromas, en una plaza fría donde apenas tocaba el sol, en un acto en Sitges, un pueblo de la costa catalana, avisó de que «si alguien se resfría, no es mi culpa». «Lo digo porque casi todo es culpa mía», añadió, en un intento de desplegar el discurso victimista que tantos réditos electorales ha dado al catalanismo. El president confiesa estar «tranquilo». También la vicepresidenta.

Aunque se han distanciado, porque no comparten la hoja de ruta post 9-N, su socio, Josep Antoni Duran Lleida, echó un capote al president de la Generalitat. El portavoz de CiU en el Congreso aseguró vía Twitter que respeta, pero no comparte la decisión del TSJC. En un segundo tuit puso en entredicho la independencia de la Fiscalía. «¿Puede la Fiscalía investigar la cantidad de veces que el Gobierno del Estado ha incumplido sentencias del TC? ¡Encontrará un montón de querellables! ¡Ánimo!», se manifestó a través de la red social que mejor maneja.

Esquerra también expresó «todo el apoyo». La portavoz de los republicanos, Anna Simó, alegó que «todos los catalanes estamos de su lado, porque –Mas, Ortega y Rigau– no hicieron otra cosa que tratar de cumplir con el compromiso adquirido con la ciudadanía, porque los que esto es un delito todos nos inculpamos de haberlo cometido». El ex presidente de la Generalitat, José Montilla, el primero. El ahora senador socialista, tal y como avanzó que haría si la querella prosperaba, se ofreció a ser testigo en la defensa de Mas, después de tachar la querella de «error político y jurídico».

Sólo conocer la noticia, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la entidad que organizó la consulta, puso en marcha una campaña de autoinculpación masiva en solidaridad con los investigados. De la jornada del 9-N «cerrada con gloria», en palabras de la presidenta de la ANC, Carme Forcadell, se ha pasado a la incertidumbre. El apoyo a la independencia se resiente en los sondeos, Mas y Oriol Junqueras andan a la greña por ver quién impone su hoja de ruta post consulta, y ahora la Justicia se interpone en el camino hacia Ítaca.

Las claves de la querella

La sala civil y penal del TSJC acuerda investigar al president de la Generalitat, Artur Mas, y las consejeras, Joana Ortega e Irene Rigau.

El delito de desobediencia se castiga con una multa de 3 a 12 meses e inhabilitación entre 6 meses y 2 años.

La resolución del pleno del Tribunal de Justicia de Cataluña deja las puertas abiertas para añadir a la causa otros delitos.

Prevaricación administrativa penada con inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años.

Malversación de fondos públicos conlleva multa de 6 a 12 meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 3 años.

La obstrucción a la Justicia o usurpación de funciones se castigada con prisión de 6 meses a un año, multa de 3 a 8 meses.

«Todos somos el president»

Igual que el anuncio que revolucionó el panorama publicitario de los noventa, «Póntelo, pónselo», donde todos los alumnos de un instituto se autoinculpaban de que el preservativo que había encontrado un profesor era suyo, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha puesto en marcha una campaña para promover la autoinculpación masiva en solidaridad con Artur Mas y sus consejeras.