Mato invocará el macroproceso de Batasuna para no acudir al juicio de «Gürtel»

El tribunal eximió a los responsables de un centenar de «herriko tabernas» de acudir a las sesiones

La ex ministra de Sanidad, Ana Mato, no ha acudido al juicio de «Gürtel» como ya tenía previsto al invocar el macroproceso de Batasuna. En ese caso, el tribunal eximió a los responsables de un centenar de «herriko tabernas» de acudir a las sesiones.

La ex ministra de Sanidad, Ana Mato, invocará el macroproceso de Batasuna para no acudir al juicio de «Gürtel». En ese caso, el tribunal eximió a los responsables de un centenar de «herriko tabernas» de acudir a las sesiones. Según confirmaron fuentes jurídicas, en la primera sesión de la vista oral el abogado del PP, Jesús Santos, solicitará al tribunal que exima a Mato y al partido de estar presentes en la Sala, y para ello invocará el criterio que aplicó en octubre de 2013 la misma Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –encargada de juzgar a los 37 procesados de la «trama Gürtel»– en el macrojuicio contra la cúpula de Batasuna. Entonces, el tribunal, presidido como ahora por el magistrado Ángel Hurtado, y en el que también figuraba Julio de Diego, accedió en la primera sesión a las peticiones de las defensas de que los representantes de más de un centenar de «herriko tabernas», presentes para hacer frente a su posible responsabilidad civil, no acudieran al resto de la vista oral.

Ahora, el PP apelará a ese antecedente para que Mato no acuda al juicio, pues la Fiscalía Anticorrupción no acusa a la ex ministra, a la que sí considera partícipe a título lucrativo de los regalos que recibieron ella y su familia de la «trama Gürtel» (billetes de avión y tren, noches de hotel, artículos de Louis Vuitton, fiestas infantiles, alquiler de coches y la celebración de la comunión de su hija), por valor de 28.467 euros, la cantidad a la que hará frente en concepto de responsabilidad civil. Por este motivo, las fuentes consultadas aseguran incluso que Mato ni siquiera acudirá a la primera sesión del juicio, evitando la foto en el banquillo junto a Bárcenas, Correa y el resto de procesados. Sin embargo, en el macrojuicio contra la cúpula de Batasuna por la financiación de la organización ilegalizada a través de las «herriko tabernas», sus administradores sí asistieron al primer día del proceso judicial a la espera de conocer la decisión del tribunal, que finalmente les fue favorable.

Idéntico argumento utilizará el abogado del PP para que ningún representante del partido tenga que estar presente en las sesiones del juicio. La Fiscalía no le acusa, pero le considera igualmente partícipe a título lucrativo, por haberse beneficiado, desconociendo su origen ilícito, del dinero que recibieron los ex alcaldes populares de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (los procesados Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente) para financiar sus campañas electorales, por lo que la formación debe hacer frente al pago, según Anticorrupción, de 328.440 euros.

Recusación «in extremis»

Con o sin Mato, los 37 acusados de la «trama Gürtel» –entre ellos los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Ángel Sanchís y el empresario Francisco Correa– se sientan desde mañana en el banquillo de la Audiencia Nacional por su supuesta relación con el entramado que, según la Fiscalía Anticorrupción, se enriqueció ilícitamente con fondos públicos entre 1999 y 2005, mediante la adjudicación fraudulenta de contratos, gracias a la red de influencias de Correa en varios municipios y comunidades autónomas gobernadas por el PP. A lo largo de la vista oral, declararán más de 300 testigos, entre ellos el actual vicesecretario nacional para asuntos territoriales del PP, Javier Arenas, y los ex dirigentes de la formación Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja.

El comienzo del juicio ha estado en el aire hasta el último momento por la recusación del magistrado José Ricardo de Prada planteada por casi una veintena de acusados, a la que previsiblemente se opondrá hoy el instructor del incidente, Javier Martínez Lázaro, quien fue a su vez recusado por el abogado del «número dos» de Correa, el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, aunque la Sala de lo Penal de la Audiencia rechazó de plano esa iniciativa procesal el pasado viernes.

Los hechos que se enjuician en este proceso corresponden a los primeros años de actividad de la red corrupta y se circunscriben a las comunidades de Madrid, Valencia y Castilla y León y a las localidades de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Estepona (Málaga).

La Fiscalía pide una condena de 125 años de cárcel para Correa, a quien sitúa al frente de la organización corrupta que, a través de «sobornos a funcionarios y autoridades», consiguió que sus empresas ingresaran en esos años de las administraciones públicas señaladas, bien mediante la obtención de contratos públicos, bien a través del «apoderamiento directo de fondos» de esas entidades, más de 40 millones de euros.

Fruto de esa actividad, Correa se embolsó 8,4 millones de euros gracias a los contratos adjudicados bajo sospecha a sus empresas y que generaron, recuerda la Fiscalía en su extenso escrito de acusación, «un importante perjuicio a las entidades públicas». Pero, además, el empresario también cobraba comisiones cuando conseguía adjudicaciones en favor de sociedades ajenas, labor por la que ingresó otros 2,8 millones en los años investigados. Al empresario, las fiscales Anticorrupción Concepción Sabadell y Concepción Nicolás le imputan ocho delitos: asociación ilícita, prevaricación, fraude a la Administración, cohecho, falsedad, malversación, delito fiscal y blanqueo.

Correa, auxiliado por Crespo –que afronta una solicitud de condena de 82 años y medio de cárcel–, se sirvió según la Fiscalía de Bárcenas y del ex diputado popular Jesús Merino para obtener adjudicaciones en Madrid y Castilla y León, utilizando la influencia que ambos tenían «sobre distintos cargos públicos de la formación política a la que pertenecían» a cambio de «gratificaciones en efectivo», de viajes y servicios turísticos «enmascarados con facturas falsas». Bárcenas –para quien Anticorrupción solicita una condena de 42 años y medio de cárcel por delitos fiscales, cohecho, blanqueo, falsedad, apropiación indebida y estafa–, habría cobrado por estas labores de intermediación 1,2 millones de euros y Merino, 331.737.

Además, cuando era gerente de los populares, Bárcenas se habría apropiado de al menos 300.000 euros de la «caja B» que la Fiscalía da por acreditada en el PP en esas fechas. La mitad, con el consentimiento de su predecesor al frente de la Tesorería del partido, Álvaro Lapuerta, a quien una demencia sobrevenida le ha apartado del juicio y de una posible condena a tres años de cárcel, que era la que solicitaba la Fiscalía para él.