Melgar, impulsor de la «doctrina Parot» y contrario a la «doctrina Botin»

Es un juez de reconocido prestigio y se le ha definido como un jurista con sentido de Estado. Es el juez suplente para resolver las peticiones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, que será propuesto hoy por el Gobierno como nuevo fiscal general del Estado, fue ponente de la doctrina Parot , que alargó la estancia en prisión de los etarras, y se opuso a la llamada doctrina Botín , que desestimó la causa contra el expresidente del Banco de Santander al acusarle sólo la acción popular.

Sánchez Melgar tiene 35 años de antigüedad en la carrera judicial. Fue presidente de la Audiencia Provincial de Ávila entre 1993 y 1998 y es magistrado del Tribunal Supremo desde el año 2000 con el apoyo de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuestos por el PP.

Es un juez de reconocido prestigio y se le ha definido como un jurista con sentido de Estado. Es el juez suplente para resolver las peticiones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El propuesto como nuevo fiscal general fue ponente de la doctrina Parot , que alargó la estancia en prisión de etarras y otros peligrosos delincuentes, como los violadores. Esta doctrina propició que la ejecución de la totalidad de la condena de un preso comienza con las penas más graves y los beneficios se aplican individualmente para cada una de ellas, y no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión. De este modo, una vez cumplida la pena más grave, se debe cumplir la siguiente, y así sucesivamente hasta el límite legal, lo que alarga la estancia en la cárcel.

En octubre de 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) derogó la doctrina Parot en respuesta a un recurso presentado por la etarra Inés del Río, abriendo así la puerta a que decenas de presos de la banda y delincuentes polirreincidentes salieran de prisión.

Además, Sánchez Melgar se opuso a la llamada doctrina Botín , que quedó refrendada por la Sala Penal del Supremo en 2007 y en virtud de la cual se negó a la acusación popular la facultad de sentar a un imputado en el banquillo si no es acusado por el fiscal o por la acusación particular, lo que libró al expresidente del Banco Santander Emilio Botín del banquillo. Esta doctrina fue invocada en el caso Nóos para aplicarla a la infanta Cristina.

El mayor reto que tendrá que enfrentar el nuevo fiscal general del Estado será la investigación al exGobierno catalán y a los miembros de la Mesa del Parlament por el proceso independentista, causas que ahora están repartidas entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, pero que podrían quedar acumuladas en una sola en el Supremo.

La propuesta del Gobierno debe contar con la valoración del CGPJ, que debe certificar la idoneidad del candidato, y debe ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo. Además, antes de ser nombrado deberá someterse al examen del Congreso de los Diputados, informa Servimedia