Moncloa activó el «Plan B» para evitar que el Rey rubricase la investidura

Al conocer que el Constitucional no impediría la votación el día del pleno saltaron todas las alarmas. Tras un intenso debate en el «núcleo duro» del Gobierno se decidió virar la estrategia y presentar el recurso conscientes de los riesgos.

La intrahistoria de la decisión del Gobierno de dar un giro a su estrategia y recurrir la candidatura de Carles Puigdemont sin esperar a que se confirmase su ausencia del Pleno de investidura fue una decisión colegiada en el «núcleo duro» del Gobierno y que responde a los movimientos que en las últimas horas se han hecho en varias instituciones. Todas las alarmas se encendieron cuando el Ejecutivo constató que si esperaba a que se iniciase el Pleno, para actuar más sobre seguro, el Alto Tribunal no actuaría con la celeridad necesaria para frenar sobre la marcha la investidura fraudulenta antes de que se produjese la votación. Ésta sería suspendida cautelarmente «a posteriori», pero el Gobierno entendió que el riesgo que asumía el Estado, y que podía llegar incluso a dañar a la Jefatura del Estado según como se manejasen los plazos, exigía mover ficha aunque fuese un movimiento también arriesgado para la imagen del Gobierno. «No había otra solución, una vez que se nos dijo por los cauces correspondientes que la respuesta del TC no llegaría a tiempo de evitar la votación», sostienen fuentes gubernamentales. Todas las investiduras de presidentes de comunidades autónomas son publicadas en el BOE y refrendadas por el Rey.

La apuesta inicial del Gobierno fue siempre la de actuar con prudencia y esperar a que hubiera hechos recurribles, una decisión de la Mesa del Parlament, que no se ha llegado a producir, y en la que se aclarase cómo iba a ser la investidura. De hecho, en ese objetivo se centró el Ejecutivo en un primer momento. En consensuar con PSC y Ciudadanos (Cs) una estrategia de presión en el órgano de gobierno de la Cámara catalana para que el nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, dejase de jugar al ratón y al gato, haciéndole el juego a Puigdemont, y explicase a todos los grupos cómo iba a formalizarse una investidura de un huido de la Justicia y que hasta el momento no había dicho nunca que tenía la voluntad de entregarse y a partir de ahí dejar en manos del juez del TS, Pablo Llarena, la decisión sobre su derecho a asistir presencialmente a su investidura.

El tiempo fue pasando y Torrent no cedió a las demandas de los partidos constitucionalistas. No sólo eso, sino que lo que hizo fue dar pasos en la dirección contraria, en la de trampear para facilitarle a Puigdemont su objetivo de ser investido como fuese presidente de la Generalitat. Aunque fuese por unas horas, pero lo suficiente como para «meter en un lío a todo el Estado», «afectar a la imagen de España en el exterior» y cobrarse un gesto simbólico que utilizaría para «seguir echando fuego» en la «batalla independentista». Sobre la base de estas consideraciones, el Gobierno tuvo que buscar un «plan B». ERC, igual que ocurrió durante el «procés», falló de nuevo. Los republicanos son los primeros interesados en librarse de Puigdemont, y desde las elecciones no han dejado de filtrar informaciones contra su candidatura. Informaciones que se han unido a las presiones bajo cuerda para que Puigdemont renunciara en favor de otro candidato que pudiera poner en marcha un Gobierno de la Generalitat efectivo desde el primer día, y sin que dejase a Cataluña en la misma situación de bloqueo de hoy. Opción apoyada también por una parte del PDeCAT. Pero esta vez Puigdemont ha conseguido quebrarle el pulso a Junqueras, es decir, que otra de las salidas que intentó el Ejecutivo para «evitar males mayores» también hizo aguas. Y así, el pasado jueves, y con el tiempo echándose encima, el Gobierno se encontró con el aviso del TC de que con el Pleno de investidura en marcha, la votación se celebraría y sería suspendida cautelarmente después, como ya ocurrió con la declaración unilateral de independencia. Es decir, que Puigdemont, incluso sin asistir al Parlamento, y con una orden de busca y captura sobre él, se apuntaría el tanto de poder decir que la Cámara catalana le había nombrado presidente de la Generalitat. Ahí es donde el Ejecutivo tuvo que ponerse manos a la obra para activar el «plan B», pese a que en lo que había estado trabajando era en el escenario de tenerlo todo atado, incluido el informe del Consejo de Estado, para que la maquinaría institucional reaccionara con celeridad. La decisión de tirar por este camino fue valorada por la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia. Y contó con un intenso debate en el «núcleo duro» del Gobierno, conscientes de los riesgos que asumían a medio plazo, pero también contando como respaldo con el Consejo de Estado. Testaron, y la primera información fue que habría un informe favorable. Éste no es el primer enfrentamiento importante con el órgano consultivo en decisiones trascendentales y, de hecho, son varias las ocasiones en las que ha habido un duro trabajo para conseguir que pudieran salir adelante sin que «se pusieran piedras en el camino».

En el Gobierno están convencidos de que Puigdemont nunca ha tenido la intención de regresar a España porque sabe que en la cárcel le espera el mismo futuro que a quien fuera su socio de Gobierno, Junqueras. Su plan, según el Gobierno, es forzar esa investidura ilegal para poder seguir presentándose internacionalmente como el legítimo líder del independentismo fuera del alcance de la Justicia española.