Moncloa llevará al Constitucional cualquier gesto en favor de Puigdemont

El artículo 155 de la Constitución impide investiduras simbólicas.

El Gobierno está a la espera de en qué quedan las negociaciones entre Carles Puigdemont y ERC sobre el nuevo Gobierno de la Generalitat. Evita hacer pronósticos y también los pronunciamientos por adelantado sobre los planes que se van conociendo de los independentistas porque hasta ahora tal cual se filtraban han sido siempre rectificados.

Si la nueva presidenta fuese Elsa Artadi, desde Moncloa no tienen más que decir –señalan– «que insistir en que el nuevo Gobierno de la Generalitat debe estar en manos de alguien limpio, sin causas judiciales abiertas, y que esté dispuesto a someterse al orden legal y a renunciar a la vía unilateral».

Al margen de esto, en el Gobierno creen que, finalmente, el independentismo evitará cualquier resolución para la doble investidura o la investidura simbólica de Puigdemont que pueda tener consecuencias jurídicas. Pero si optan por ir por ese camino, será inmediatamente impugnada. Tanto por parte del PP como por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, y si afecta al Pleno del Parlamento se pedirá que se suspensa ese Pleno. El Gobierno advierte que no tolerará ninguna medida con valor jurídico que vaya en la dirección de resarcir a la figura de Puigdemont en el Parlamento catalán. El artículo 155 de la Constitución impide este tipo de iniciativas, subrayan.

El Ejecutivo lleva ya varios días advirtiendo al nuevo presidente del Parlamento, Roger Torrent, sobre las posibles consecuencias de sus actos, aunque sea una simple resolución o declaración institucional. «En Cataluña no caben simbolismos ni apariencias de dobles legalidades ni tampoco que se utilice dinero público para sostenerlas», es la advertencia al respecto desde Madrid. Ésta es la gran cuestión, de qué manera el independentismo piensa financiar esa doble legalidad simbólica o como quieran llamarla.

Desde el Gobierno recuerdan, en ese sentido, que los grupos soberanistas apostaron por iniciar la legislatura pasada con una propuesta de resolución independentista como plantean hacer ahora y el Constitucional la anuló tras la impugnación. Aquella declaración proclamaba «solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalán» y aseguraba que el Parlament «no se supeditará a las decisiones del Tribunal Constitucional» e instaba «al futuro Govern» –aún no había acuerdo para investir al nuevo– a «cumplir exclusivamente las normas o mandatos emanados de esta Cámara».