Moncloa siempre usó intermediario para negociar con los Franco

Un último intento de reinhumación en El Pardo ha sido rechazado otra vez por la familia.

El Gobierno ha usado siempre intermediarios para ponerse en contacto con los Franco buscando una salida en su pretensión de sacar al antiguo jefe de Estado del Valle de los Caídos. Nadie del Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha dirigido directamente a la familia, según ha confirmado a este diario Luis Felipe Utrera-Molina, letrado que representa a los nietos de Franco.

Y así ha sido en el último intento de que los deudos aceptaran la exhumación y el traslado de los restos al panteón familiar de Mingorrubio, en la localidad madrileña de El Pardo. La petición, que se hizo la semana pasada a través de un mediador por encargo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, fue rechazada de nuevo de plano. «Se ha dicho que no, que ni hablar», afirma rotundo Juan Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Para la familia no cabría otro destino –si es que finalmente se produjera la salida de Cuelgamuros– que la catedral de la Almudena, ubicación que rechaza Moncloa, en cuyo caso la única alternativa sería la localidad en la que residía en vida el antiguo jefe de Estado. La catedral de Madrid se descartó alegando motivos de seguridad basados en un informe de la Delegación del Gobierno en la capital.

El último fracaso para llegar a un acuerdo hace que el proceso deba seguir su cauce por medio de los tribunales, y en dos vertientes además. Por una parte, está la vía de los cuatro recursos que van a presentar contra la decisión del Gobierno del PSOE la propia familia, la Fundación Franco, la comunidad benedictina responsable de la basílica donde está la sepultura desde 1975 y la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos (ADVC). El destinatario de la demanda será el Tribunal Supremo y el plazo para hacerlo culmina el próximo 22 de abril. Una fecha que «no se va a apurar», según fuentes de la familia Franco, que cuenta además con que el Alto Tribunal adopte medidas cautelares para paralizar el proceso hasta que tome una decisión en firme.

Por otro lado, se espera que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial haga sus alegaciones hoy –último día hábil– contra la suspensión cautelar de la licencia de obras para exhumar el cuerpo. El juez José Yusty Basterrache, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, defendió la existencia de «problemas de seguridad» en el operativo. La resolución necesitará de un tiempo determinado, pero en cualquier caso es aventurado prever que se conozca antes de las elecciones generales del 28 de abril.

La impresión en la Fundación Franco es que no habrá desenlace judicial previo a la cita con las urnas. «Antes es prácticamente imposible», apunta Juan Chicharro. Y el horizonte del caso podría ser muy distinto según el Gobierno que salga del 28-A.