Los tres mossos investigados por facilitar supuestamente la huida de Carles Puigdemont en agosto del pasado año se oponen a que se prorrogue la instrucción -que el próximo 9 de agosto cumple un año- y alertan a la magistrada que no puede utilizar la investigación como "un mecanismo de presión institucional", una "vía encubierta de castigos anticipados" o como vía de "promoción mediática".

En la resolución en la que pide el fin de la instrucción -a la que ha tenido acceso LA RAZÓN- su defensa sostiene que al no concurrir indicios delictivos ni haber diligencias pendientes de acordarse la prórroga -que sí respalda la acusación popular que ejerce Hazte Oír- "carece de toda justificación jurídica, lógica o constitucional".

Los abogados de los agentes de la Policía catalana, Isabel Elbal y Gonzalo Boye, señalan en ese escrito que acordar la medida supondría "convertir la instrucción en una indagación genérica y arbitraria, incompatible con un proceso penal de tintes constitucionales".

María Antonia Coscollola, titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona -que investiga por encubrimiento a Jordi Rodrigo, Xavier Manso y David Goicoechea- ha citado a declarar el próximo 29 de septiembre, como informó este periódico, a los dos mossos que firmaron los informes sobre el análisis de las imágenes grabadas por cámaras de distintos establecimientos (aparcamientos y comercios) en la zona próxima al Arco del Triunfo, donde Puigdemont participó en un acto independentista el 8 de agosto de 2024 (en su fugaz regreso a España tras su huida en 2017) antes de burlar a las Fuerzas de Seguridad y regresar a Waterloo esquivando la orden de detención que estaba en vigor contra él cursada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del "procés".

Hazte Oír: la instrucción aún no ha finalizado

Sin embargo, la acusación popular que ejerce Hazte Oír sí respalda que la investigación siga adelante porque -según pone de relieve en un escrito remitido al juzgado- "la instrucción aún no ha finalizado", pues están señaladas nuevas diligencias el 29 de septiembre. Y una vez comparezcan como testigos esos dos mossos, advierte, "puede desprenderse la necesidad de practicar nuevas diligencias de prueba". Además, el letrado de la acusación, Javier María Pérez-Roldán, argumenta que la Audiencia Provincial de Barcelona tiene que resolver aún su recurso contra la negativa de la instructora a llamar a declarar, entre otros, al expresidente de la Generalitat Pere Aragonès y al presidente del Parlament, Josep Rull, que Hazte Oír quiere que testifiquen en relación a la huida de Puigdemont de Barcelona coincidiendo con la sesión de investidura del Parlament.

Muy al contrario, para la defensa de los imputados, las razones para no alargar seis meses más el procedimiento son claras. Por un lado, argumenta, "la investigación ha sido suficientemente desarrollada" y se han acordado "todas las diligencias" que la magistrada consideró pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, aunque algunas "están pendientes de práctica" (la testifical de los dos agentes en septiembre). De ahí que, subraya, no existan "actuaciones pendientes cuya práctica exija una ampliación del plazo".

Por otro lado, añade, "el objeto del procedimiento ha quedado perfectamente acotado y definido", lo que según su criterio impide fundamentar la prórroga en la necesidad de seguir "explorando" o "descubriendo" elementos adicionales.

La defensa de los mossos: "No hay indicios"

En todo caso, defienden los abogados de los mossos, "la investigación ha perdido ya todo su contenido típico desde el punto de vista penal" por lo que ante lo que considera una falta evidente de indicios seguir adelante con la instrucción "solo sirve a fines ajenos al proceso penal y, por tanto, vulnera el principio de legalidad", la presunción de inocencia de los investigados y su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

"No hay indicios racionales de criminalidad ni posibilidad real de atribuir responsabilidad penal a persona alguna", insiste la defensa, para la que acordar la prórroga en estas circunstancias "sin un horizonte incriminatorio mínimamente consistente" resulta improcedente" y transformaría la investigación "en una indagación prospectiva", en unas pesquisas dirigidas a "ver qué aparece".

"Una vez agotadas las diligencias necesarias y descartada la existencia de delito, el procedimiento debe concluir", reiteran los letrados. Porque, alertan, la "prolongación infundada del estado de sospecha puede tener efectos devastadores sobre los derechos fundamentales de los investigados, incluyendo su reputación, su estabilidad profesional y emocional y su acceso a otros procesos paralelos de carácter administrativo".