«No habrá beneficios para los presos aunque ETA se disuelva»

–El Gobierno aprobó el viernes el anteproyecto de ley de Justicia gratuita. ¿Qué se pretende con ella?

–Revisar una norma que lleva ya muchos años, 17 años, de vigencia y que pensábamos que en estos años era necesario adecuar a la realidad social. Esta adaptación consiste en subir el ámbito subjetivo de aplicación, desde el momento en el que elevamos el umbral con relación al sistema anterior, a partir del cual se tiene acceso a la Justicia gratuita. En resumen, lo que hacemos es una adecuación de la ley, que tiene también una contrapartida, que es la lucha contra el fraude en la Justicia gratuita. Se establecen una serie de mecanismos muy importantes para garantizar dos cosas: una, que se amplie el número de ciudadanos que tiene acceso a la Justicia gratuita; y otra, que todos aquellos que acceden a ella reúnan las condiciones que establece el legislador.

–En relación con el fraude al que alude, ¿se ha detectado un número importante? ¿Cómo se va a evitar que suceda?

–Lo que nos trasladan las comunidades autónomas con competencias transferidas y los propios colegios de abogados es que no existen mecanismos adecuados para la prevención de ese fraude. Y ahora, lo que sí se van a hacer es unas medidas nuevas y medidas eficaces para evitar este tipo de abuso. Entre ellas destacan, por ejemplo, las encaminadas a determinar el patrimonio real del solicitante, es decir, que ya no sólo se toman como referencia los ingresos, sino el conjunto del patrimonio, exceptuando naturalmente el valor de la vivienda habitual. Y que se establece también una presunción de abuso, cuando las solicitudes a favor de una misma persona sean más de tres al año, lo cual no significa que, si efectivamente se producen circunstancias, que suelen ser excepcionales en la vida, de la necesidad de interponer más de tres pleitos al año, se atiendan. Pero en esos casos se realizará una investigación pormenorizada para evitar que se produzcan abusos de personas que litigaban de una forma injustificada.

–¿Por qué siempre vincula la Ley de Justicia Gratuita con la Ley de Tasas?

–Podemos decir que son dos normas complementarias y que las dos lo que buscan es garantizar la tutela judicial efectiva y garantizar que esta tutela llegue a todos los ciudadanos y, por lo tanto, también a aquellos que no dispongan de los medios materiales. Pero lo que nosotros hacemos, y lo hacemos en una época de crisis, es extender el beneficio de la Justicia gratuita. Y para financiar esa extensión del beneficio de la Justicia gratuita, hemos impuesto un sistema de tasas. Un sistema de tasas que es muy limitado en relación con el que existe nuestro entorno de la Unión Europea,.

–¿Piensa realmente que la Ley de Tasas crea un sistema justo?

–Sí. Creemos que es un sistema justo y equitativo. El que los litigantes con medios económicos paguen un 8 por ciento de su pleito, nada más que un 8 por ciento, nos permite, que nos parece que es una medida de justicia social, ampliar el número de ciudadanos que van a tener acceso no solamente al derecho a no pagar las tasas del procedimiento, sino a no pagar lo que constituye el grueso del coste de un procedimiento judicial, que son lógicamente los honorarios de abogado y procurador.

–¿Por qué ahora esa Ley de Tasas?

–El objetivo primero es, en un momento de crisis económica, conseguir financiación para extender el beneficio de la Justicia gratuita y, por lo tanto, garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva. Como objetivo coadyuvante está también introducir un elemento de responsabilidad en los ciudadanos a la hora de poner en marcha el funcionamiento de la Administración de Justicia, y, por lo tanto reservar para jueces y tribunales la resolución de aquellos conflictos que no hayan podido ser resueltos con mecanismos alternativos y previos a la puesta en marcha del procedimiento judicial.

–¿Quiere decir que se busca un efecto disuasorio a la hora de acudir a la Justicia?

–Nos gustaría que tuviese un efecto disuasorio, que por otro lado consideramos necesario. Le recuerdo el dato de que en España tuvimos, en el último ejercicio, nueve millones y medio de asuntos judiciales, frente a los seis millones que tuvo la República Francesa, cuando Francia tiene 20 millones más de habitantes que España.

–Pero, ¿no cree que, en todo caso, hubiese sido positivo consensuar las cuantías con los distintos operadores jurídicos?

–Creo que el concepto de la introducción de las tasas es un concepto asumido por supuesto por la carrera judicial. La fijación de las cuantías la hemos hecho con mucha limitación con relación a lo que es nuestro entorno europeo. La opinión por supuesto la reclamamos, pero al final la decisión la tiene que tomar el Gobierno.

–Puede usted garantizar que ningún ciudadano se verá privado de su derecho constitucional de acceder a la Justicia porque no pueda pagar las tasas?

–Creo que el concepto de la introducción de las tasas es un concepto asumido por supuesto por la carrera judicial, específica mente algunas asociaciones así nos lo solicitaron. La fijación de las cuantías la hemos hecho con mucha limitación con relación a lo que es nuestro entorno europeo. Nadie que no tenga recursos económicos para litigar, no solamente por no tener posibilidad de pagar las tasas, sino por no tener posibilidad de pagar abogado y procurador, perderá el derecho a la tutela judicial efectiva. Eso lo garantizo, y, además, extendemos ese derecho con relación a la legislación anterior. Nosotros ahora, con la extensión, no solamente liberamos del pago de las tasas, sino que liberamos también del pago de abogado, procurador, peritos y demás costes que tiene el procedimiento judicial.

–¿Se ha sentido víctima de una campaña orquestada por parte de la carrera judicial y fiscal y de los partidos de la oposición tras las duras críticas a sus reformas y los paros llevados a cabo?

–En absoluto. Yo creo que las asociaciones defienden los intereses de sus asociados. Nosotros hemos pedido medidas, insisto, muy duras. Y lo que hubiese carecido de sentido es que, cuando nosotros restringimos las retribuciones y aumentamos los horarios de trabajo, no se hubiese producido la protesta de las asociaciones.

–¿Por qué considera su Ministerio que es tan importante reformar el Consejo General del Poder Judicial?

–Para evitar los retrasos que ha tenido la constitución del propio Consejo, como consecuencia del incumplimiento por parte de las Cortes Generales del nombramiento de los vocales cuando procedía su formación. En segundo lugar, porque pensamos que tiene que ser más operativo, ejecutivo y cumplir las obligaciones que marca la Constitución; y en tercer lugar, pensábamos que había que incrementar la pluralidad en el CGPJ, porque no se cumplía el mandato constitucional cuando la inmensa mayoría de los vocales de la carrera judicial pertenecen al 50 por ciento de los que están asociados, mientras que el 50 por ciento no asociado no tiene . Y esto ha tenido también una repercusión clara en los nombramientos que ha hecho el propio Consejo, donde se ha producido un desequilibrio entre aquellos que pertenecían a alguna de las distintas asociaciones y los que no pertenecían a ninguna

–¿Por qué se mantiene en el anteproyecto la elección parlamentaria de los vocales si en el programa del PP –y usted mismo lo anunció en su toma de posesión– se establecía que serían los propios jueces los que elegirían a los vocales judiciales?

–Por dos razones. En primer lugar, para cumplir con nuestro compromiso de despolitizar la Justicia, y ésta no puede considerarse única y exclusivamente como la no intervención de los grupos parlamentarios, sino que debe extenderse a que no se monopolice el gobierno del poder judicial por las asociaciones judiciales. Y, en segundo lugar, porque hay asuntos que no deben ser objeto de variación porque cambie un Gobierno, y sé que con esta fórmula el acuerdo con el PSOE es posible en la votación final y, por tanto, garantía de que esta ley seguirá vigente sea cual sea el resultado de las próximas y siguientes elecciones. Cumplimos el objetivo, que es la despolitización, y lo hacemos, es cierto, con un instrumento diferente a aquel que estaba incluido en nuestro programa electoral.

–El que las candidaturas a vocales vayan a ser individuales, requiriéndose muy pocos avales, ¿no puede ello suponer un riesgo mayor de politización?

–Al contrario. Precisamente el hecho de que sobre lo que se va a pronunciar el Parlamento sea sobre personas y no de candidaturas lo que hace es posibilitar que se elijan a las mejores personas al margen de su adscripción a una u otra asociación o a unos u otros avalistas que a los no asociados les haya puesto en condiciones de ser elegidos.

–¿La reforma prevista afectará a las competencias que tiene establecidas el CGPJ?

–No. Se respetan escrupulosamente las competencias que están establecidas en nuestra Constitución. No se reduce ni una sola competencia constitucional.

–El informe de la Comisión de Estudios del Consejo cuestiona la constitucionalidad de la prisión permanente revisable. ¿Considera usted que esa medida se ajusta a la Carta Magna?

–Lo considero yo y lo considera el Tribunal Constitucional, que ya ha tenido ocasión de pronunciarse como consecuencia de que, por la suscripción de distintos convenios internacionales, España ha tenido que aceptar la posibilidad de que se tenga que aplicar este tipo de medida cuando a determinados ciudadanos se les aplica en otros países. El Tribunal Europeo de Derechos así lo ha establecido también y es una medida que está vigente en los países de nuestro entorno comunitario. Sí, creo rotundamente que es constitucional

–¿Y no atenta contra el principio de reinserción social?

–Al contrario. Lo que hace es vincularla a la ejecución de la pena. Es cabalmente lo contrario, porque lo que hace es condicionar a que esa reinserción social sea viable y se pueda producir el otorgar determinados beneficios penitenciarios. No será el matemático cumplimiento del tiempo en estos supuestos determinados el que una persona recupere su libertad, sino la constatación de que no existe riesgo para la sociedad como consecuencia de su puesta en libertad.

–¿La medida de custodia de seguridad –criticada igualmente en el citado informe–, el que un preso pueda seguir en la cárcel pese a haber cumplido la pena, es realmente necesaria?

–Sí, porque contribuye de una forma importante a la convicción de que con la puesta en libertad de una persona se evite la nueva comisión de un delito se evite y, de esa forma, se garantice la seguridad colectiva de los ciudadanos.

–¿Cómo se puede explicar a la sociedad que se indulte a dos mossos d'esquadra condenados por torturas?

–Los indultos hay que considerarlos individualmente, como casos concretos. El indulto no es una desautorización ni rectificación de la condena, sino que es una medida de gracia a cada supuesto concreto. Respecto a las circunstancias de este caso, le diré, entre otras, que ese indulto fue solicitado por la propia víctima de los hechos por los que fueron condenados.

–¿Qué le parece el pacto entre la Fiscalía y los acusados de Unió por el «caso Pallerols»?

–Es una decisión adoptada dentro de la autonomía del Ministerio Fiscal, que está dentro de los supuestos previstos por la ley, y cuando el Ministerio Fiscal, en la práctica habitual, alcanza este tipo de acuerdos es porque considera que es la forma más adecuada para constatar la comisión del delito y ejercer el reproche correspondiente. Por lo tanto, al margen de cuáles sean las medidas privativas de libertad, con el acuerdo alcanzado lo que se hace es un reconocimiento del delito por parte de los acusados.

–LA RAZÓN ha desvelado que el etarra De Juana está en Venezuela. ¿Es partidario de que la Audiencia solicitase su extradición?

–Es una decisión que corresponde directamente a la Audiencia Nacional.

–En una hipotética disolución de ETA, ¿Justicia «premiará» de alguna forma a sus presos?

–No. La respuesta es no.

–¿En ningún caso?

–En ningún caso. La disolución es una obligación con el Estado de Derecho que tiene la banda y las penas que están cumpliendo sus presos lo son por delitos que ya han cometidos; luego, por lo tanto, no debe de ninguna forma condicionarse una cosa a la otra.

–¿Qué supondría que la Gran Sala rechazase el recurso del Gobierno y confirmase la anulación de la doctrina Parot?

–Pues que, además de muchos terroristas, muchos delincuentes abandonarían los centros penitenciarios y, por lo tanto sería un perjuicio severo y grave a la sociedad española.

–Artur Mas parece decidido a continuar con su propuesta secesionista. ¿Cómo actuará el Gobierno para frenarla?

–Con la Ley, aplicando la misma ley que posibilita, entre otras cosas, que Artur Mas sea presidente de la Generalitat de Cartaluña, que es la Constitución española, de la que nace el Estatut de Cataluña. Por tanto, la ley original que legitima los poderes del Estado, incluida las comunidades autónomas.

–Si Mas persiste en convocar esa «consulta», ¿la Abogacía del Estado podría pedir su inhabilitación?

–Mi obligación, como miembro del Gobierno de España, es dar por supuesto que todas las autoridades del Estado, entre las que se incluyen, lógicamente, el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, van a cumplir la Ley. Pero si tal cosa no se produjese, naturalmente que habría una respuesta por parte del Gobierno, en la obligación que tiene de cumplir y hacer cumplir la Constitución.

–El PSC ha sacado ahora la idea del federalismo. ¿Cabe ello en España?

–No. El federalismo es una institución de derecho público para unir lo que está separado. Tendría sentido hablar de una federación de naciones europeas, pero no de hacer una federación sobre algo que ya constituye en sí mismo una nación.

–¿Qué reformas habría que hacer en el Estado de las autonomías?

–La primera reforma que habría que hacer es una delimitación exacta de las competencias que tienen los distintos niveles de Administración, porque el principal problema que tenemos ahora es el solapamiento de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas; entre éstas y los municipios, y muchas veces también entre la Administración del Estado y las corporaciones locales.

–¿Tiene sentido abordar ahora una reforma constitucional?

–Una reforma en profundidad de la Constitución sólo debe abordarse única y exclusivamente en unas circunstancias de acuerdo político y de estabilidad de la propia sociedad, que, con toda sinceridad, no creo que sea el planteamiento adecuado para hacerlo en estos momentos. Los esfuerzos de los poderes públicos se tienen que centrar ahora en la superación de la crisis económica, en garantizar el Estado del Bienestar. Y para alcanzar estos objetivos no veo necesario abrir un debate de reforma constitucional, que en modo alguno descarto para el momento en que estas prioridades hayan sido resueltas. Esta Constitución es plenamente válida para dar respuesta a las urgentes necesidades que tiene en estos momentos España.

–¿Es suficiente la actual planta judicial?

–No. Debe aumentar, y tenemos que ser conscientes de que en los tiempos de crisis que vivimos no podemos aumentarla al ritmo que nos gustaría, pero sí vamos a garantizar una convocatoria periódica de oposiciones, no sólo para aumentar la planta, sino para garantizar la existencia de un cuerpo de opositores, lo cual da una extraordinaria calidad a aquellos que superan el acceso.

–En el caso del Madrid-Arena está personado el PSOE como acusación particular. ¿Es partidario de que los partidos políticos no se puedan personar en las causas donde no sean víctimas directas del delito?

–En la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se somete a una revisión importante el ejercicio de la acción popular. En todo caso, si digo que no es eso (el la personación de los partidos en los procedimientos judiciales) es lo que busca la Constitución cuando garantiza la acción popular.

Apoyo a la bajada de precio de la razón

–LA RAZÓN baja su precio como lo que han hecho otras grandes empresas con sus productos para ayudar a afrontar la crisis. ¿Cómo valora ese esfuerzo?–Me parece una medida acertada. Todos somos conscientes de las enormes dificultades por las que está atravesando hoy el sector empresarial. Las empresas periodísticas –que dependen de la publicidad y de la demanda interna– están teniendo dificultades muy importantes. Tengo que decir que lo peor que puede pasar en una democracia es que se deje de oír una voz, por muy discrepante que se pueda ser con ella, y, por lo tanto, no hay peor noticia que el cierre de un medio de comunicación. Todo lo que sea que una empresa editorial dé pasos, aunque sea a costa de su propio beneficio, para mantener esa voz ante los ciudadanos, me parece que es profundizar en la democracia.