Caso Pujol
Pedraz rechaza embargar a Oleguer Pujol la comisión por la venta de un edificio
El juez Pedraz ha rechazado embargar por el momento a Oleguer Pujol, hijo menor de Jordi Pujol, el dinero que pudo haber recibido como comisión por la venta de un edificio de la Gran Vía madrileña, propiedad de una sociedad participada por una empresa suya.
El juez Santiago Pedraz ha rechazado embargar por el momento a Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol, el dinero que pudo haber recibido como comisión por la venta de un edificio de la Gran Vía madrileña que era propiedad de una sociedad participada por una empresa suya.
En una providencia, el juez de la Audiencia Nacional ha desestimado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de embargar a Oleguer Pujol la comisión que pudo haber percibido de la venta del inmueble del número 32 de la Gran Vía aprobada en junio de 2014 por la sociedad Longshore, participada a su vez en un 50 % por Drago Real Estate, vinculada presuntamente al hijo de Jordi Pujol.
El juez explica que no puede acordar este embargo porque por el momento "no consta ni la efectiva venta del inmueble ni la posición exacta del señor Pujol como partícipe en Drago Real Estate", y añade que no lo hará "máxime si no se califica de carácter urgente".
Además, considera que antes de tomar una decisión al respecto deberá darse traslado de la petición de la Fiscalía a la defensa Oleguer Pujol para que pueda alegar "lo que a su derecho convenga en el plazo de cinco días, sin perjuicio del derecho de su representado a solicitar prestar declaración"ante su juzgado "en cualquier momento".
El inmueble fue adquirido en 2008 al grupo Prisa por Longshore, que constituyó para esta compraventa una hipoteca de unos 200 millones de euros, y en junio de 2014 esta última sociedad acordó venderlo, una operación que se tenía que realizar antes del 31 de enero de 2015.
Pedraz asegura en la providencia que también es pronto para tomar esta decisión porque aún no se le ha remitido un informe que solicitó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía el pasado 5 de marzo que "permitiría, en su caso, avalar tal medida cautelar".
Con el mismo argumento, rechaza la petición del fiscal José Grinda de solicitar de nuevo a Hacienda la información que posea sobre Drago Capital y el socio de Oleguer Pujol, Luis Iglesias, "a fin de evitar una investigación prospectiva".
Finalmente, pide a la UDEF que aclare a qué se refería al aludir a "fuentes de inteligencia financiera"en un escrito sobre este asunto remitido al juzgado el pasado lunes y que detalle "lo que dichas fuentes les han podido suministrar".
La Fiscalía Anticorrupción afirma que Oleguer Pujol tiene una participación del 6,23 % en Drago y por ello le pedía al juez que le embargara "la parte proporcional a dicho 6,23 % respecto del total del dinero que proceda de tal venta".
"De lo actuado hasta ahora -añadía el fiscal en su informe- se desprende que la Agencia Tributaria ha abierto inspección respecto de Oleguer Pujol y, además el mismo figura como principal imputado en esta causa no solo por un posible delito contra la Hacienda Pública, sino también por el delito de blanqueo de capitales".
Con este embargo, el fiscal pretendía "principalmente impedir que continúe la actividad penal de blanqueo de capitales", e incidía en que el hijo del expresidente catalán no ha aportado por el momento a Hacienda "datos que permitan conocer ese origen de riqueza invertida", que es lo que investiga Pedraz en esta causa.
El magistrado indaga en este caso siete operaciones inmobiliarias sospechosas por valor de miles de millones de euros realizadas por sociedades vinculadas al hijo de Jordi Pujol y que usaron dinero de origen aún desconocido.
Según los datos facilitados por el propio Oleguer Pujol, en el año 2013 Drago gestionaba 2.730 millones de euros y 1.600 inmuebles en toda España.
A través de Drago y de sociedades creadas ex profeso para algunas operaciones, Oleguer Pujol y sus socios gestionaron activos como edificios comerciales, terrenos en Melilla, viviendas, centros turísticos y hoteles, 1.152 oficinas del Banco Santander y tres sedes del grupo Prisa.
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