Policías nacionales piden a la UE que fiscalice la actuación del Gobierno al ceder inmigración a Cataluña

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha remitido una carta a la comisaria europea de asuntos de Interior, Ylva Johansson, en la que le pide que fiscalice las actuaciones del Gobierno al transferir las competencias de inmigración a Cataluña.

"Ayer el Gobierno de España, conseguía sacar adelante dos reales decretos con el respaldo de partidos políticos nacionalistas e independentistas. Para conseguir estos apoyos, entre otras muchas cesiones, está la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña. Cabe recordar que las competencias en materia de inmigración son, según el artículo 149 de la Constitución Española, exclusivas del Estado y que a través de la Ley Orgánica 2/86, que regula las atribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, articula que la inmigración y extranjería son competencias de la Policía Nacional", señala la misiva.

"Concretamente esta atribución es exclusiva para la Policía Nacional y en particular para la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que entre otras facultades tiene encomendado por ley “el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros; la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal, y en general, el régimen policial de extranjería, refugio y asilo e inmigración”. No podemos ocultar nuestro miedo e incertidumbre con respecto al futuro más inmediato de la Policía Nacional ahora condicionado y en peligro en base a los pactos alcanzados entre el Gobierno y los partidos nacionalistas e independentistas (...) de materializarse dicho traspaso se estarían vulnerando los derechos y la dignidad de nuestros policías, algo que no vamos a tolerar, y que supondrá que realicemos todo tipo de actuaciones, tanto jurídicas como sociales, para defender aquello que consideramos un bien ciudadano como es la seguridad", subraya.

"No existe --recuerda-- ningún país de la Unión Europea que fragmente la seguridad en diferentes policías dentro de un mismo estado. Además, las consecuencias de esta disolución redundarían en la seguridad y perjudicaría gravemente las políticas europeas en materia de inmigración que tan buenos resultados están teniendo. Consecuencia de ello, Europa ha sabido filtrar y discernir la estancia de inmigrantes irregulares sin ser detectados, haciendo más eficaz el sistema de asilo, cooperando en las crisis humanitarias y poniendo en marcha medidas contra la radicalización proveniente de terceros países que chocan frontalmente con nuestros estados de derecho. Por ello solicitamos a la Unión Europea que atienda nuestra petición de fiscalizar estas actuaciones del Gobierno de España e impida, dentro del marco legal, que se transfieran las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña".