Profesores de la UPV, en el banquillo de los acusados por organizar los estudios de etarras deportados

Dos profesores de la Universidad Pública Vasca se sentaron ayer en el banquillo de los acusados por organizar los estudios de etarras que estaban deportados en República Dominicana y Cabo Verde. Belén González Peñalva y Ángel Lete Etxaniz fueron incluidos en la relación de "alumnado en situación especial", como si fueran presos, lo cual, según la Fiscalía, se produjo "sin cobertura jurídica alguna y sin recabar la autorización de los máximos responsables de la UPV durante el tiempo en el que esos presos cursaron sus estudios, Peio Salaburu y Manuel Montero".

El proceso judicial por la situación de privilegio en la que recibieron titulaciones universitarias etarras en distintas situaciones legales se inició en 2005 y desde entonces han sido imputadas por prevaricación y falsedad documental 36 personas, incluidos rectores, decanos y vicedecanos. Ayer el diputado del PP Leopoldo Barreda recordó que en la UPV llegaron a aprobar exámenes etarras que, en el momento en el que fueron calificados, se encontraban huidos de la justicia.

En el juicio que se inició ayer los imputados son el ex vicerrector de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Enrique Antolín, y quien figuró como tutor de los etarras Belén González Peñalva y Ángel Lete Etxaniz, Xabier Aierdi. La Fiscalía pide para ambos penas de ocho años de inhabilitación, mientras que la Asociación de víctimas del Terrorismo, que ejerce como acusación particular, reclama nueve años de inhabilitación.

Los acusados alegaron durante el juicio que ellos trataron a los etarras deportados como a los presos, puesto que figuraban en la misma lista, y ellos no eran los responsables de las matriculaciones. La UPV incluyó a los deportados Belén González Peñalva, que estudio Ciencias Políticas, y Lete Etxaniz, que cursó Filosofía y Ciencias Políticas, entre quienes se habían acogido al convenio firmado en 1988 entre la universidad vasca y la UNED, que posibilitó que los presos etarras no tuvieran que matricularse, como los demás presos, en la Universidad a Distancia.