El PSOE, forzado a «castigar» a los jueces en la «ley Begoña» para lograr el «sí» de Junts

Pedro Sánchez impulsó en enero una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, bautizada como «ley Begoña», para acotar la acción popular en los procedimientos judiciales y así acabar con las investigaciones que ha abierto la Justicia a Begoña Gómez (pareja) y a David Sánchez (hermano) a instancias de partidos y asociaciones. La ley está ya admitida a trámite en el Congreso y está a expensas de la tramitación parlamentaria: es decir, a la espera de conseguir el apoyo de Junts y del resto de partidos independentistas. Y, según ha podido saber LA RAZÓN, Junts va a imponer exigencias de máximos porque el partido de Carles Puigdemont es consciente de que tiene la oportunidad de avanzar por esta vía en la batalla por la aplicación efectiva de la amnistía. En este sentido, los posconvergentes amagan con frenar su tramitación para meter la máxima presión posible y la principal exigencia que van a imponer va a ser el «castigo» a los jueces que han adoptado decisiones contra los líderes independentistas por el «procés». Y eso está por ver cómo se articula.

Puigdemont y su abogado Gonzalo Boye ya han intentado «castigar» por la vía judicial a los jueces: en concreto, han presentado una querella contra el juez Joaquín Aguirre por un presunto delito de prevaricación y de malversación tras la instrucción de la «causa Volhov» por una posible injerencia rusa, que fue archivada por la Audiencia Provincial de Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha tumbado ya esa querella. En este sentido, todo apunta a que la vía para dar encaje al «castigo» a los jueces va a pasar por una modificación del delito de prevaricación, aunque desde Junts tampoco quieren concretar nada.

No obstante, ahora mismo, la vista de Puigdemont está sobre todo puesta sobre la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que es la que está impidiendo su vuelta a España ya que considera que la amnistía no es aplicable al delito de malversación. En cambio, la vista de Sánchez está puesta sobre las acusaciones ya que son quienes han puesto contra las cuerdas a su entorno y a su Gobierno.

Junts va a ir a máximos porque tiene ahora a su alcance la solución de los problemas judiciales de Puigdemont. Los posconvergentes no se fían de Sánchez, aunque son conscientes de que la debilidad del Gobierno socialista es el único arma para forzar las cosas y conseguir sus objetivos. Por ahora, a nivel judicial, el mayor logro ha sido la amnistía, aunque tampoco se ha acabado aplicando como esperaban los independentistas porque Puigdemont no ha podido volver a España. Y en Junts tampoco se acaban de fiar del Tribunal Constitucional y menos aún cuando el Tribunal Supremo ya ha advertido a Cándido Conde-Pumpido de posibles consecuencias penales en función de las decisiones que adopte. De momento, la Sala segunda del Supremo ha rechazado la querella de Vox contra Pumpido, pero eso no quita que pueda abrir una investigación judicial en el futuro.

De esta manera, la urgencia de Sánchez por los problemas judiciales ha dado a Junts la posibilidad de plantear nuevas exigencias muy sensibles porque afectan a los jueces. Y eso puede abrir un nuevo choque con el colectivo judicial en un momento crítico. De hecho, hay un sector del Consejo General del Poder Judicial que tiene intención de promover un informe sobre la «ley Begoña» cuando se vaya a tramitar. La ley está ahora en el Congreso y más pronto que tarde está previsto que se tramite dado que la intención es que se aplique a los procedimientos en curso:

si se retrasa mucho, Begoña Gómez o David Sánchez corren el riesgo de ser condenados y ya no se beneficiarían.

El primer paso en la tramitación es la votación de la toma en consideración en el Pleno del Congreso y, luego, se debatirán las enmiendas a la totalidad. A partir de ahí, ya pasará a Comisión y luego volverá al Pleno: luego, previsiblemente, estará dos meses bloqueada en el Senado.

Y, en paralelo, los posconvergentes siguen apretando desde hace meses por las cesiones en materia de inmigración y de uso del catalán en las instituciones europeas.