El pasado lunes en el Congreso de los Diputados se produjo una de esas situaciones delirantes que últimamente nos ofrece la política en dosis cada vez más frecuentes, aunque no por ello más digeribles. El partido en el Gobierno votó en contra de que se cumpla la ley. Han leído bien. Fue en una votación en la Comisión de Exteriores sobre una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo parlamentario popular y que recogía las demandas de la mayoría de miembros de la carrera diplomática.

El PSOE dijo que no, literalmente, a «garantizar el cumplimiento del artículo 39.2 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, instando al Consejo Ejecutivo de Política Exterior a que elabore con carácter urgente un informe sobre la adecuación del despliegue y estructura de las misiones diplomáticas, representaciones permanentes y oficinas consulares, conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional tercera de la mencionada Ley».

La PNL, que también incluye una instancia a que se implemente «un plan, con un calendario definido y dotación presupuestaria, que contemple la creación de al menos noventa nuevas plazas diplomáticas permanentes en la red exterior en el plazo máximo de dos años», logró salir adelante pese al rechazo de los socialistas, que para sorpresa de nadie votaron de la mano de Junts. Ni siquiera ERC y Bildu llegaron tan lejos y simplemente se abstuvieron. Podemos y Sumar apoyaron el cumplimiento de la ley junto a PP y Vox.

Lo de esta semana es solo el último capítulo de un desencuentro que ha crecido hasta el escándalo entre el Ministerio de Exteriores y los servidores públicos que lo dotan de significado. El empeño del jefe de la Diplomacia, José Manuel Albares, en lograr el apoyo de la UE al uso del catalán en las instituciones comunitarias para mantener el respaldo de Puigdemont a la Legislatura se lo come todo. No importa nada más.

Como señalan a LA RAZÓN fuentes diplomáticas, «se trata de una farsa absurda porque ellos mismos saben que no lo van a conseguir nunca». Además, añaden las mismas fuentes, esta servidumbre le resta a España su peso específico y capacidad negociadora en toda pelea que no sea esa: «Todo el músculo del servicio exterior está dedicado al mismo objetivo, ¿es que no hay otros intereses? Todas nuestras bazas están supeditadas a eso, lo que supone una enorme ventaja para el resto de gobiernos europeos, que se frotan las manos porque saben que pueden sacarle a este Gobierno lo que quieran a cambio de algo que es inviable».

El pasado 27 de mayo la UE tuvo que aplazar la votación de la propuesta española sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego porque iba directa a las rocas. Los gobiernos de Finlandia, Suecia, Austria y Croacia expresaron sus serias dudas legales y financieras. Y eso que España se ha ofrecido en repetidas ocasiones a pagar la fiesta, que según algunas estimaciones ascendería a más de 120 millones de euros. La dificultad radica en que la exigencia de Junts necesita la unanimidad de los 27 para salir adelante.

Este peaje del catalán, que es en realidad una formalidad porque se usa ya en muchos de los distintos formatos de las reuniones en la UE, resulta aún más banal en un momento en el que el barco que pilota Pedro Sánchez se hunde. Pero Albares no da signos de aflojar. Lo dijo ante el Rey en la reunión de principios de año con los embajadores españoles en Madrid: la prioridad es la batalla del catalán. Todo lo demás es secundario.