Querella por provocación al odio contra dos ediles de Carmena por sus tuits

Los concejales de Ahora Madrid PabloSoto y Guillermo Zapata tendrán que hacer frente a una querella por provocación al odio, difusión de ideas genocidas, exaltación del terrorismo y menosprecio a las víctimas y proposición para cometer delitos que Manos Limpias presentará en las próximas horas en los juzgados de instrucción de la capital de España. Apenas una semana de denunciar a Soto ante la Fiscalía, el colectivo de funcionarios va a dar un paso más con esta querella en la que reclaman al magistrado que por turno le corresponda que inste a la Policía Judicial a recuperar los tuits borrados por ambos concejales tras la polémica que le costó a Zapata el cargo de concejal deCultura.

El abogado de Manos Limpias, Pedro Muñoz, considera que los dos ediles de Ahora Madrid han “injuriado y calumniado a sujetos y colectivos concretos y, al mismo tiempo, han incitado a la violencia”, inculcando con sus comentarios “unas ideologías radicales tendentes a la comisión de ilícitos”. “Yo no puedo asegurar que por torturar o matar a Gallardón se vaya a cambiar toda esta historia, pero por probar no perdemos nada”, escribió Soto, quien tachó de “hijaputa” a María Dolores de Cospedal en otro tuit. Para el colectivo de funcionarios, esos comentarios dejan traslucir“un odio y animadversión desproporcionados” de manera “irreflexiva e inmoral”, además de contribuir a generar un clima“de tensión social”.

Manos Limpias también denuncia el “menosprecio a las víctimas” y su “ridiculización en las redes sociales”. “Se confirma que ETA además de criminal era idiota, con la cantidad de simpatizantes y aliados que tenía no fue capaz de tomar el poder”, escribió Zapata en junio del pasado año. Antes, en 2011, firmó otro polémico tuit: “Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcaser para que no vaya Irene Villa a por repuestos”.

Para el colectivo querellante, esos comentarios generan “un odio y división social” que deben ser erradicadas y les reprocha que, como concejales, “deben favorecer la democracia y el bienestar social”, por lo que pide la declaración de ambos como imputados.