Rajoy acalla a los críticos con la promesa de compensaciones

El Gobierno convocará a principios de junio al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para refrendar el nuevo reparto del déficit.

El Gobierno convocará a principios de junio al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para refrendar el nuevo reparto del déficit. El 29 de mayo está previsto que la Comisión Europea oficialice que acepta las nuevas cifras que le ha remitido España y, «de manera inmediata», el Ejecutivo reunirá a la cumbre territorial económica para cerrar la discusión y que las comunidades elaboren también con urgencia sus nuevos planes económico-financieros, de acuerdo con el límite de déficit. En Moncloa dan por hecho el acuerdo con sus presidentes autonómicos para avalar un déficit asimétrico que permita a Cataluña rozar el 2 por ciento. En las últimas previsiones que el Ejecutivo remitió a la UE el pasado 26 de abril, el déficit previsto para el Estado alcanza el 6,3 por ciento (frente al 4,5 por ciento que nos exigía Bruselas). Y el 1,2 por ciento para las comunidades (CC AA), en lugar del 0,7 por ciento.

Esta seguridad en el acuerdo la explican en criterios económicos y políticos. A las CC AA que se sienten perjudicadas con el déficit a la carta el Gobierno les está trasladando el mensaje de que todas las autonomías van a tener que hacer ajustes en este nuevo año, en función de su situación de partida. Y que ellas, por salir desde una mejor posición, tendrán ventajas por no engordar su déficit, entre otras «la de un menor coste de financiación y la de poder financiarse en los mercados». Hay conversaciones bilaterales de Hacienda con los responsables de las Haciendas autonómicas y también de Presidencia, en este caso con algunos «barones». De hecho, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha mediado ya con contactos directos y ha convocado además a todos sus presidentes autonómicos a un almuerzo el próximo día 27. Algo que puede tener bastante que ver con que algunos hayan empezado a rebajar el tono en público.

En el frente combativo con el déficit a la carta están Galicia, Madrid, Castilla y León, Aragón, Extremadura, La Rioja o Asturias. Y el Gobierno las está intentando convencer de la «lógica» que encierra el principio de que las necesidades de endeudamiento y déficit sean distintas para cada comunidad. En cualquier caso, para equilibrar el diferente trato con el déficit y acallar el malestar, el Ejecutivo negociará fórmulas para compensarlas bilateralmente, aunque no sea en el plano estrictamente económico-financiero, en el que el margen es más estrecho por la actual crisis. Su previsión es llegar al CPFF con el acuerdo «hecho», aunque antes tenga que sortear la presión territorial, que entiende que en buena parte es consecuencia de la necesidad de los presidentes autonómicos de explicarse y defenderse ante sus ciudadanos y votantes. «Siempre hay temas pendientes en los que las comunidades necesitan nuestra ayuda, habrá acuerdo», sostienen en Hacienda.

En el partido entienden que el problema realmente importante no es el reparto del déficit, sino Cataluña. Aunque haya otras CC AA que tampoco cumplieron en el pasado ejercicio (Valencia, Murcia, Baleares, Andalucía), el problema es catalán porque esta polémica ha servido para dejar en evidenciar las críticas y el malestar de los propios con lo que entienden como una falta de firmeza del Gobierno central a la hora de pararle los pies a la Generalitat en su política soberanista. No ya con recursos ante el Constitucional, sino con decisiones políticas «desde el primer momento» y usando la Ley de Estabilidad Presupuestaria. «A la Generalitat hay que tratarla igual que ella está tratando al Estado. Ahora vete a Europa y a ver cómo les explicas que nos saltamos la Ley para apoyar a un Gobierno autonómico desleal», sentencia un dirigente autonómico, defendiendo un argumento compartido por otros compañeros.

«No sale gratis»

En la trinchera contraria está el Gobierno, que pone el acento en que el incumplimiento en el pasado ejercicio de la Generalitat, y de otras cuatro comunidades, sí está teniendo consecuencias para ellas. «No sale gratis», sostienen. En primer lugar, han tenido que presentar otro plan económico-financiero «más severo» y, además, «afrontan condiciones más estrictas en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)». El Ejecutivo no sólo está exigiendo a Cataluña las facturas que van a cargo del FLA, sino que tienen que presentarles todas, vayan o no a cuenta de este fondo. Explican en el equipo económico que éste es el camino para controlar mejor que sigan sin pagar a proveedores y destinen el dinero a otras cuestiones no prioritarias, dentro del ejercicio de sus competencias autonómicas. Pero, ¿por qué entonces el Gobierno de Mas sigue desviando dinero a embajadas, subvenciones soberanistas, canales autonómicos...? «Eso entra dentro de sus competencias», contestan en Hacienda. «Y es prioritario garantizar que ni la Generalitat ni ningún Gobierno autonómico quiebre, porque eso arrastraría al conjunto y nos perjudicaría severamente en los mercados», añaden. Esto también se lo están diciendo a los «barones» quejosos con el trato a la Generalitat.

«Habrá un acuerdo entre todos porque es nuestra obligación»

La cumbre de parlamentarios que el PP ha celebrado en Salamanca se clausuró ayer con una declaración cargada de intencionalidad ante la coyuntura interna y la situación política y económica. Ya lo advertían desde la dirección nacional del partido a principios de semana: «La reunión no tiene otro objeto que el de cerrar filas con el Gobierno y ratificar el apoyo a sus políticas». Así se solemniza en una declaración que se hace pública justo cuando la distribución del déficit territorial con criterios asimétricos ha abierto ampollas de puertas adentro.

Rajoy garantizó ayer que habrá una distribución ordenada del déficit entre todas las Administraciones y la Seguridad Social, teniendo en cuenta que «el mayor gasto es en pensiones». Y está seguro de que habrá un acuerdo «entre todos». «Entre otras cosas porque es nuestra obligación». El presidente defendió sus reformas, sus ajustes y sus decisiones más polémicas, y la novedad es la urgencia con la que instó al conjunto de cargos públicos a dar la cara con más firmeza en la explicación, en la pedagogía y en el apoyo a la acción de su Ejecutivo, incluso para justificar por qué no han podido adoptar algunas de las propuestas que incluía su programa electoral. Exigencia, por tanto, de más implicación y de absoluto cierre de filas, desde el convencimiento de que están haciendo lo que tienen que hacer.

«El Gobierno ha hecho lo que tiene que hacer. Sé que es muy difícil, pero es muy importante que expliquéis las cosas hasta la saciedad. El Gobierno sabe encajar las críticas, pero tiene un rumbo, que tiene, además, que fijar él. Hemos superado momentos muy difíciles, pero quedan momentos duros», advirtió. La subida de impuestos ha servido para evitar el rescate y «un recorte este año de 18.000 millones». Para llegar a esta petición de más apoyo Rajoy hizo antes una exhibición de lo que quiere que cada dirigente o militante del PP haga. Él explicó de manera prolija las decisiones que han adoptado para corregir los «desequilibrios» heredados de la pasada legislatura; y dio cuenta de los efectos positivos que esas reformas han dejado ya en la financiación exterior, en la balanza de pagos o en las exportaciones. El presidente garantizó que en esta legislatura, sin precisar fechas, se crecerá y se creará empleo, y no dejó pasar la ocasión sin insistir en que la reducción del déficit y las obligaciones con la consolidación fiscal siguen estando plenamente vigentes. Las dos prioridades son el crédito, la liquidez, y que mejoren la demanda y el consumo en España. «Hay que seguir reduciendo el déficit porque vivir del crédito de los demás es malo», defendió un Rajoy que en varias ocasiones se quejó con cierta amargura de que a las buenas noticias no se les dé eco en clave doméstica, ni desde dentro ni desde fuera del partido, según se leyó entre líneas. Entre esas buenas noticias citó la caída de la prima de riesgo o que la balanza comercial de España haya tenido superávit desde 1971. Ayer dejó de nuevo un mensaje positivo en líneas generales, que matizó: «No estoy satisfecho con los resultados obtenidos en los últimos meses». Y no lo está porque todo lo que ha hecho y seguirá haciendo en el futuro tiene como objetivo crecer y crear empleo. «El objetivo no es reducir el déficit público, ni que la reducción sea así o asá. Eso es instrumental para el gran objetivo: crear empleo y conseguir el bienestar de la gente», añadió. En su discurso aludió a la propuesta de pactos del PSOE. Además de valorar como «muy positiva» la reunión con los agentes sociales, se mostró abierto a buscar acuerdos en cuestiones concretas y en los temas en los que sea posible acercar posiciones.