Amnistía fiscal
Rajoy estrechará el control legal para evitar otro Bárcenas
«El presidente no va al Congreso a someterse a un careo con cada una de las mentiras y acusaciones que ha aireado un señor que está en la cárcel y que no ha podido todavía explicar de dónde ha sacado los 48 millones de euros que le han encontrado en el extranjero». Ayer por la tarde, Moncloa se aferraba a este discurso para rebajar la presión sobre el mensaje que hoy dejará el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Senado –el Congreso está cerrado por obras–. Silencio oficial, por tanto, sobre su estrategia, porque Rajoy también quiere utilizar esta mañana a su favor la baza de la sorpresa ante el cerco que le ha preparado la oposición para que dé explicaciones sobre el «caso Bárcenas».
Desde su círculo de confianza se seguía sosteniendo ayer que no habrá grandes novedades sobre los argumentos que ha utilizado hasta ahora en relación a este delicado asunto. La previsión es que Rajoy hará un análisis de la situación económica y política con la que se cierra este curso, poniendo en valor los datos positivos y los signos de recuperación. Y que enlazará esta descripción con su proyecto de regeneración democrática y con el «caso Bárcenas», dentro de una oferta de acuerdo con todos los grupos que ya formalizó en el Debate del Estado de la Nación. Sobre esto último, en Moncloa admitían anoche que confiaban en que el presidente haga algún gesto en el sentido de admitir la equivocación de confiar en el ex tesorero. Hasta dónde llegará y cómo formulará el mensaje más personal y más centrado en estas explicaciones, se sabrá esta mañana.
En las horas previas a esta comparecencia, desde el entorno de Rajoy se ha dirigido la atención al paquete de reformas legislativas en el que trabaja el Gobierno para endurecer los controles a los partidos y a los políticos. Son seis las reformas en marcha, y una de ellas está especialmente dirigida a evitar otro «caso Bárcenas» mediante una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos, que implicará la reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y de Financiación. Este anteproyecto de ley incluye la obligación de regular un procedimiento de aprobación de las cuentas dentro de los estatutos de los partidos y que la contabilidad deba ser aprobada y remitida al Tribunal de Cuentas en los primeros tres meses del año siguiente al ejercicio al que se refieran. También prevé la obligación de depositarlas en un registro público; la regulación de la figura del responsable financiero de cada partido, que deberá comparecer anualmente ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas del Parlamento y tendrá la obligación formal de colaborar con este órgano fiscalizador; o la regulación de un procedimiento normalizado de contratación por parte de todas las organizaciones políticas.
El paquete legislativo incluye, además, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y de la Ley de Control del Sector Público; una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas; y la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Éstas últimas para endurecer las penas asociadas a los delitos relacionados con la corrupción, aumentar los plazos de prescripción de esos delitos, y agilizar los procedimientos para su persecución. Según explicaba ayer un ministro, «el presidente llega al Senado consciente de que la oposición va a seguir intentando cobrarse su cabeza diga hoy lo que diga, y su objetivo, por tanto, es convencer a los españoles de que él es la víctima, no el responsable». Rajoy reivindicará la estabilidad para no frenar la recuperación.
A la espera también dentro de las filas populares
En las filas populares hay una enorme expectación ante el debate de esta mañana. Por las dudas que el «ruido» que ha alimentado Luis Bárcenas ha generado también en segundos niveles y cargos territoriales, por ejemplo. Y porque entienden que si sale bien puede servir para cortocircuitar el recorrido político de las nuevas «filtraciones» del ex tesorero. Rajoy será «claro, contundente y sereno», según dijo ayer el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
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