Ruz sienta en el banquillo a 40 procesados por la «Gürtel»

El juez Ruz ha sentado en el banquillo a 40 acusados por la investigación que afecta a la primera época del “caso Gürtel”, entre 1999 y 2005, les ha impuesto unas fianzas de responsabilidad civil que suman 449 millones y les da 10 días para pagarlas

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha sentado en el banquillo a 40 acusados, entre ellos tres ex tesoreros del PP, por la investigación que afecta a la primera época del «caso Gürtel», entre los años 1999 y 2005. El magistrado ha impuesto a 36 de los procesados unas multas y fianzas de responsabilidad civil que suman 449 millones de euros y les da diez días de plazo para pagarlas si quieren evitar el embargo de sus bienes. Luis Bárcenas tendrá que afrontar la más elevada (88 millones), a los que se suman los 22 fijados para su esposa, también imputada, Rosalía Iglesias, mientras que el supuesto líder de la trama corrupta, el empresario Francisco Correa, deberá abonar 60 millones. La Fiscalía pide para Correa 125 años y medio de prisión y 42,5 para Bárcenas.

En la resolución en la que acuerda la apertura de juicio oral contra esas 40 personas (la nómina se ha visto reducida en dos por el fallecimiento de una imputada y la prescripción de los supuestos hechos delictivos respecto a otro), Ruz incluye también al PP (por haberse beneficiado, desconociendo el origen delictivo del dinero, de 236.864 euros que habría pagado Correa a los alcaldes de Majadahonda y Pozuelo y que se utilizaron para financiar la campaña electoral en ambas localidades) y a la ex ministra Ana Mato (por los regalos que percibió su familia de la trama cuando estaba casada con el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepulveda) como partícipes a título lucrativo y les impone unas fianzas civiles de 245.000 y 28.467 euros, respectivamente.

El instructor también acuerda la responsabilidad civil subsidiaria de 21 sociedades supuestamente vinculadas a la trama corrupta.

El juicio, en 2016

El magistrado ha dado este paso una vez la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha rechazado la mayoría de los recursos de apelación presentados por los imputados contra su procesamiento. Una vez los abogados de los procesados presenten sus escritos de defensa (para lo que disponen a partir de ahora de un plazo de 30 días hábiles), será precisamente la Sala de lo Penal la encargada de fijar la fecha del juicio, que previsiblemente se celebrará el próximo año y que presidirá un tribunal de la Sección Segunda.

La actividad supuestamente corrupta de la «trama Gürtel» que irá a juicio corresponde al citado periodo y se centra en operaciones realizadas en la Comunidad de Castilla y León y en las ciudades de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Estepona (Málaga).

Entre los 40 acusados figuran, además de Correa y Bárcenas, el supuesto número dos de la organización, el ex secretario del PP gallego Pablo Crespo; los ex tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís (que lo fue de AP); el ex consejero de Madrid Alberto López Viejo; el ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clementes; Sepúlveda y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega.

Lapuerta (tesorero del PP entre 1993 y 2008) es uno de los beneficiados por la resolución de Ruz, pues finalmente sólo se sentará en el banquillo por apropiación indebida, y no como cooperador necesario de los delitos fiscales que la Fiscalía atribuye a Bárcenas entre 2000 y 2007. El magistrado admite que no se le empezó a investigar por estos hechos «hasta fechas recientes», por lo que éstos «habrían prescrito» (no en el caso de Bárcenas, pues la investigación es anterior y se produjo antes de que se produjese la prescripción de esos presumibles delitos fiscales).

Sobornos a altos cargos

Los acusados se enfrentan a los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental , delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

Según detalló el juez Ruz en su auto de transformación en procedimiento abreviado del pasado noviembre, Correa lideró una organización cuyo objetivo era conseguir de forma irregular adjudicaciones públicas de diferentes administraciones gobernadas por el PP sobornando supuestamente con dádivas a funcionarios y altos cargos «con competencia o influencia» en esas contrataciones.

Ruz inadmite también los escritos de acusación remitidos por los ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Pozuelo por haber llegado fuera de plazo, quedando a expensas ambos de las peticiones de resarcimiento civil reclamadas para ellos por la Fiscalía y el resto de acusaciones.