Sánchez se blinda en los estatutos y quita poder a la militancia

Pedro Sánchez es el secretario general de las primarias. Desembarcó en 2014 en Ferraz en el primer proceso interno que se puso en marcha en el PSOE para resolver la cuestión del liderazgo, tras la salida de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y volvió en 2017, después de ser fulminado por su partido, precisamente, a lomos de esa militancia para imponerse al aparato –representado por Susana Díaz- y forzar a los críticos a una autorreclusión en sus cuarteles de invierno. Llegar ungido por las bases le permitió a Sánchez revestirse de la legitimidad interna suficiente para diseñar un partido a su imagen y semejanza.

Acometió una serie de reformas profundas en las que eliminó todo contrapeso interno, dejando al Comité Federal totalmente desactivado como máximo órgano entre congresos y blindándose ante futuras réplicas de 2016 –impidiendo que la dimisión de la mitad más uno de la ejecutiva pudiera propiciar, de nuevo, la caída de un secretario general-. Sin embargo, algo ha cambiado. En el 41º Congreso Federal del PSOE, Sánchez ha recorrido el camino inverso, de residenciar todo el poder en las bases, cambiando el modelo de partido, de abajo hacia arriba, a restar poder a la militancia, limitando su capacidad decisoria sobre los acuerdos de gobierno y blindándose ante candidaturas alternativas.

Los Estatutos Federales que salen del 41º Congreso introducen cambios en lo que respecta a las consultas a la militancia, que seguirán siendo preceptivas para validar "aquellos asuntos de especial trascendencia" y que "afecten a su ámbito territorial de actuación". Este punto, no obstante, no se suele enarbolar y Sánchez no consultó a su partido decisiones tan polémicas como la aprobación de la ley de amnistía por no estar obligado a ello. En todo caso, Ferraz siempre tiene la última palabra y deberá estar al corriente de todo proceso que se impulse, pudiendo incluso paralizarlo si considera que "entra en contradicción" con las decisiones adoptadas por los órganos competentes de ámbito territorial superior. También se mantiene la obligatoriedad de consultar a la militancia "al nivel territorial que corresponda, sobre los acuerdos de gobierno en los que sea parte el PSOE o sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el Gobierno a otro partido político".

Pero es aquí donde se introduce un nuevo punto en el que se establece una salvaguarda para tratar de sortear a las bases. "Cuando en el ámbito superior al municipal, en los acuerdos de investidura el PSOE alcance la presidencia de la institución, se faculta al comité del ámbito territorial a su aprobación. Solo será necesaria la consulta a la militancia cuando lo solicite más del 30% de los miembros del comité del ámbito territorial correspondiente". Esto es, que, en lo relativo a la Presidencia del Gobierno, para que las bases se pronuncien la consulta deberá ser solicitada al menos por un 30% del Comité Federal, que controla Sánchez. ¿Y cómo se aterriza esto? Pues en la práctica supondría que, si Sánchez tuviera que someterse hoy a la investidura no tendría que consultar obligatoriamente a la militancia sus acuerdos con Junts, EH Bildu o ERC. Tampoco sobre una coalición, la actual con Sumar o la primera que se rubricó con Unidas Podemos. Esto, pese a que las preguntas de estas consultas son tradicionalmente tan retóricamente ambiguas que no dan pie a la negativa. "¿Apoyas el acuerdo con Sumar y la negociación con otras formaciones?", fue la que se lanzó en 2023 para validar la investidura de Sánchez. En "otras formaciones" se incluía, sin citarlas, a la panoplia de fuerzas independentistas catalanas y vascas y por “negociación” se referían a todo lo relativo a la ley de amnistía.

No es el único cambio de calado que se ha introducido en los Estatutos. Dentro de la dinámica de renovación de liderazgos, en la que el partido se encuentra inmersa actualmente, se elevan los estándares de apoyo para validar las precandidaturas, lo que complica las candidaturas alternativas a la oficial. A nivel federal se incrementa de un 3 a un 10% del censo, del 6% al 12% en el autonómico y del 12% al 15% en el ámbito provincial. También desaparece el requisito de recogida de avales entre la militancia cuando haya una candidatura única que, obviamente, no concurrirá a primarias, pero que hasta ahora sí tenía que someterse al trámite de pulsar su apoyo entre las bases. En la práctica, si Óscar López, que presenta hoy su candidatura para hacerse con las riendas de la federación socialista madrileña, no tuviera rival, sería inmediatamente ungido como sucesor de Juan Lobato.