El presidente aportará nuevas pruebas sobre el destino del dinero del auditorio

Dice, tras declarar durante cuatro horas, que «los murcianos pueden estar tranquilos».

Una hora antes de la fijada para su declaración, el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, entraba al Tribunal Superior de Justicia de Murcia acompañado de su abogado, Francisco Martínez Escribano, para «aclarar» todas las preguntas relacionadas con la obras del Auditorio de Puerto Lumbreras que se construyó cuando era alcalde de la localidad.

Durante cuatro horas, Sánchez contestó a las cuestiones que le plantearon los dos fiscales y el juez, pero se negó a responder a los abogados de las acusaciones, del PSOE y Podemos, al considerar que este caso lo están utilizando como estrategia política para obtener el protagonismo que no consiguen en las urnas.

El presidente se mostró, como ha venido siendo habitual en los últimos días, seguro de sus actuaciones y transmitió un mensaje de serenidad a la ciudadanía. «Los murcianos pueden estar tranquilos. Todo el dinero recibido se invirtió en la obra construida», y aseguró que así lo confirman todos los informes periciales solicitados, incluido el realizado por el perito del fiscal.

De esta forma se reafirmaba en que las posibles irregularidades se corresponden con algún «error administrativo» que, según dijo, se está investigando. Con contundencia aseguró que en estos momentos «no hay duda sobre la aplicación de los fondos», hecho en el que tanto él como su partido, el PP, basan su argumentación para afirmar que no existe ningún delito penal.

Además de la documentación ya presentada y su declaración de ayer, el jefe del Ejecutivo murciano ha solicitado a su abogado que presente ante el tribunal una nueva documentación e informes jurídicos y técnicos para aclarar que todo el dinero «está ahí». Tras asegurar que la obra se quedó corta porque llegó la crisis y no se obtuvo el dinero suficiente para ejecutar una segunda fase, pidió a los grupos políticos que «no se transmita confusión donde no la hay».

Pedro Antonio Sánchez agradeció la oportunidad para esclarecer los hechos, al tiempo que criticó el desinterés de la oposición por conocer la verdad. Volvió a repetir su insistencia en acudir a la comisión de investigación creada en la Asamblea Regional presidida por Podemos. «En cuatro ocasiones me han negado la posibilidad de explicar lo sucedido». Algo insólito en el resto del país.

La obstrucción de la posición para que aclarara lo sucedido en Puerto Lumbreras ha llegado incluso, según manifestó ayer el presidente, a que el abogado del PSOE intentará retrasar su declaración ante el TSJ. «Su última excusa fue que se encontraba enfermo».

«imputación formal»

Sobre el acuerdo de investidura con Ciudadanos, Sánchez, tras su declaración, aseguró que siempre cumple su palabra e insistió que el pacto con la formación naranja se basa en la imputación «formal según marca la ley vigente». Y mostró su extrañeza ante las diferentes reglas establecidas en los acuerdos adoptados en otras ciudades e, incluso, en su propuesta en el Congreso.

El presidente murciano espera que su situación judicial cambie en los próximos días y los delitos por los que ayer fue a declarar –malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y prevaricación continuada–, sean sobreseídos. «A partir de ahora voy a seguir trabajando para la Región. Ahora le toca hablar a la Justicia».

El resto de partidos con representación en la Asamblea regional no piensan lo mismo. Los abogados de PSOE y Podemos manifestaron, antes de entrar en la sede judicial, que tenían dudas motivadas de la posibilidad de que el procedimiento pudiera convertirse en un expediente administrativo y aludieron al trabajo realizado por la jueza de instrucción de Lorca, Consuelo Andreu, en el que apreció indicios de delito contra el presidente de la Comunidad. José Miguel Muñoz, letrado de los socialistas, manifestó que la exposición realizada por la magistrada está «lo suficientemente razonada» para que no se modifique nada. Aun así, aseguró que su intención era «oír al presidente» y añadió que es el TSJ de Murcia quien debe decidir ahora sobre la cuestión.

En la misma línea se mantuvo el representante de la acusación popular que ejerce Podemos. Ginés Ruiz señaló que Pedro Antonio Sánchez sólo iba a dar su versión y consideró que los indicios que existen hasta el momento «no hacen pensar» que el caso pueda convertirse en «un error administrativo».

El jefe del Ejecutivo murciano se negó a contestar a las preguntas que plantearon las acusaciones particulares ejercidas por los partidos de la oposición.