«Se ha quebrado el Estado de Derecho»

«Esta asesina estará en libertad. Inés del Río Prada. Asesinó a 23 personas, entre ellas 12 guardias civiles. Condenada a 3.826 años de prisión. Le quedaban varios años en la cárcel». Éste es cartel que ayer portaban algunas de sus víctimas en la rueda de prensa convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo con motivo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la «doctrina Parot». Compartían escenario con las víctimas de otros etarras como Troitiño o el propio Henri Parot y, sobre todo, compartían la indignación por una resolución que, en palabras de la presidenta de la asociación, Ángeles Pedraza, supone la quiebra del Estado de Derecho. «Para nosotros, hoy –por ayer– en España se ha quebrado el Estado de Derecho. Creemos que la democracia ha sido derrotada y ha sido derrotada por culpa de políticos que han cedido ante los terroristas, que han antepuesto ese mal llamado plan de paz a la vida de los asesinados de ETA», explicó Pedraza.

En esta línea, denunció que no se habría llegado a esta situación «si los políticos hubieran hecho bien los deberes», ya que Estrasburgo «habría entendido que ETA no son separatistas, sino que son asesinos». «Que no hubieran enviado a Estrasburgo a un juez que estaba de acuerdo con la derogación de la "doctrina Parot"; que no hubieran dejado que fuera ETA, como ha ido tantas veces a Bruselas, a decir que son separatistas; que no hubieran permitido que estuvieran en las instituciones, y que no hubieran permitido tanta humillación a las víctimas», recalcó, antes de reconocer que, si bien hace extensible esta denuncia a todos los políticos, colocaría «como cabeza» al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que «fue el que inició este camino de rosas para los terroristas».

Ahora, esperan que el Gobierno «no acate la sentencia de Estrasburgo» porque «España se quedaría sin Derechos Humanos». Según explicó Pedraza, la resolución «es declarativa y no ejecutiva, con lo cual, al no existir una legislación que desarrolle la forma de ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo, corresponde a la libertad de España decidir cómo cumplir la obligación derivada de la sentencia». Además, detalló que existen precedentes de no ejecución de sentencias del TEDH por «razones de seguridad nacional», como el caso de John Venables y Robert Thompson, dos niños de 10 años que asesinaron a un tercero de dos años en Reino Unido y fueron juzgados como adultos. Estrasburgo pidió la celebración de un nuevo juicio pero el Gobierno británico no lo tuvo en cuenta. Por todo ello, prosiguió, «no hay plazo para poner en libertad» a los criminales sujetos a la «doctrina Parot» y «hay que dejar claro que ahora tiene que resolverse caso por caso». «No hay por qué abrir las puertas de las cárceles de par en par», aseveró.

En términos muy parecidos, otros colectivos de víctimas se sumaron ayer a las críticas. Dando voz a la mayoría de asociaciones, la Fundación de Víctimas del Terrorismo lamentó que el pronunciamiento contrario a la «doctrina Parot» supone «un retroceso en la defensa del derecho de las víctimas del terrorismo a ser resarcidas mediante el cumplimiento íntegro de las penas de quienes fueron condenados por cometer atentados terroristas». Por su parte, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) calificó la resolución como el «mayor revés que los familiares de asesinados por grupos terroristas han sufrido en la historia de la democracia» y censuró que «la diplomacia y el Gobierno no se han volcado con las víctimas».

Al mismo tiempo, la Asociación-plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo advirtió de que «si todos estos criminales quedan en libertad, se generará un estado de alarma social lógico y aumentará la desconfianza». Además, en declaraciones a LA RAZÓN, Rubén Múgica incidió en que la sentencia es «consecuencia del proceso que puso en marcha Rodríguez Zapatero». «Cuando el combate contra el terrorismo y el crimen organizado se convierte tramposamente en la búsqueda de una paz vacía de contenido, al final son los criminales los que acaban obteniendo la ventaja», subrayó el hijo del dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Múgica.

JOSÉ MARÍA PINO, VÍCTIMA DE HENRI PAROT

Atentado de la casa cuartel de Zaragoza

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) no sólo mostró ayer su rechazo a la sentencia contra la «doctrina Parot» como colectivo, sino que también quiso dar voz a personas a las que alguno de los etarras que ahora podrían volver a la calle les partieron la vida. «Hoy tenemos aquí a muchas víctimas del terrorismo, a víctimas que quedaron heridas por Inés del Río, por Parot, por Troitiño, por muchísima gentuza. Que les miren los políticos a la cara y les digan que esto es justo», explicó la presidenta de la asociación, Ángeles Pedraza, antes de darles paso.

Así, reiteraron su sentimiento de «indignación, asco, rabia, ira...» los guardias civiles retirados Alfonso Sánchez, Enrique González y Raimundo Plata, que resultaron heridos el 9 de septiembre de 1985, cuando ETA hizo explotar un coche bomba en la Plaza de la República Argentina al paso de su autobús. Sufrieron heridas 16 agentes y murió el estadounidense Eugene Kenneth Brown, que hacía «footing» en la zona. La desgracia podría haber sido mucho mayor si el conductor del vehículo no hubiese acelerado al ver el coche aparcado.

También intervinieron en la rueda de prensa el ex guardia civil Pascual Grasa y José María Pino, ambos heridos en el atentado de la banda terrorista contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987. La explosión del coche bomba colocado por los etarras, que contenía 250 kilos de amonal, mató a once personas, seis de ellas menores, e hirió a otras 73. Entre los fallecidos estaban los padres y la hermana pequeña de Pino. «Asesinaron a mi padre –el guardia civil José Julián Pino–, a mi madre y a mi hermana de siete años. Yo tenía 13 años y mi hermano –que también resultó herido– tenía once», recordó ayer a LA RAZÓN, antes de incidir en que la sentencia de Estrasburgo le deja «muy mala sensación». «Vemos que la memoria de nuestras víctimas está pisoteada», aseveró visiblemente emocionado.

Pino, que agradeció enormemente el apoyo que le da la AVT, pidió «que la gente que salga a la calle, que ha hecho estas cosas, recapacite sobre lo que ha hecho, que nosotros ya lo hemos sufrido bastante».

JESÚS FAUCHA, VÍCTIMA DE TROITIÑO Y DEL RÍO

Atentado de la calle Juan Bravo

En la rueda de prensa de ayer también se pudo escuchar el testimonio de Jesús Faucha, que conducía el Land Rover contra el que ETA atentó en la calle Juan Bravo. En la mañana del 25 de abril de 1986, un coche bomba explotó al paso del vehículo, en el que viajaban nueve guardias civiles. La explosión causó la muerte de cinco de ellos e hirió al resto gravemente. El encargado de detonar el artefacto fue Antonio Troitiño, que ahora podría quedar libre, aunque también participaron en la comisión la propia Inés del Río y el fugado Iñaki de Juana Chaos.

En declaraciones a este periódico, Faucha explicó que la sentencia de Estrasburgo «genera una sensación de frustración total». «Veo que la política ha ganado a la razón», aseveró.

En su opinión, los jueces del TEDH no deberían haberse dejado influenciar por López Guerra y los políticos abertzales y tendrían que haber mandado «un emisario» a España para conocer la situación. Respecto a Del Río, fue claro: «Una persona que me quiere matar a mí y mató a mis compañeros, que encima tenga derecho a recurrir, no lo entiendo. No digo que se la lleve a la horca, ni nada de eso, pero si la han condenado a 3.800 años, que cumpla los treinta años y luego haga los recursos que tenga que hacer».