Situación de la Justicia en España

No ignoro que hay encuestas según las cuales la mayoría de los españoles considera que la situación de la Justicia en España es mala o muy mala. Y tampoco los muchos datos estadísticos que se podrían aducir para avalar esta opinión y, en particular, la lentitud. No pretendo negar que, a pesar de los esfuerzos de los sucesivos gobiernos, y sobre todo del personal al servicio de la Administración de Justicia, es necesario mejorar nuestra Justicia. Cómo no.

Pero creo que cuando se juzga tan duramente su situación se está pensando en un ideal que no existe. En todos los países que he conocido mínimamente, existe una literatura que critica con severidad, llegando a la burla, la correspondiente Justicia. Mi experiencia personal es que, cuanto más se conoce nuestra Justicia, más se la valora. Diez años trabajando como letrado al servicio del Tribunal Constitucional han hecho que mi opinión sobre la Justicia en España haya mejorado decididamente.

Y estas impresiones personales se pueden avalar con datos objetivos. Alrededor del 80 por ciento de las resoluciones judiciales de segunda instacia confirman las de la primera. El Tribunal Supremo confirma un 90 por ciento de las resoluciones judiciales que revisa. El Tribunal Constitucional, casi un 99 por ciento. En suma, los órganos encargados de revisar las resoluciones de órganos judiciales inferiores, las confirman. ¿Complicidad? No. La tendencia se da también en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Nuestro país es de los menos condenados por el mismo. En el año 2011, sólo se dictaron nueve condenas contra España y fue un año malo, si tenemos en cuenta datos anteriores. En el periodo entre 1959 y 2011, España ha tenido 103 condenas, por tanto, menos que Italia (2.166), Francia (848), Inglaterra (462), Portugal (267) o Alemania (234).

Añadamos que también hay encuestas que muestran que los propios españoles, a pesar de su mal concepto de la Justicia nacional, prefieren que sus asuntos sean resueltos por un juez que por un jurado o un árbitro.

Tal vez se diga que estos datos que manejo son discutibles, que las estadísticas no demuestran necesidades lógicas, que no permiten calibrar la calidad o que España lleva menos años incorporada al sistema del TEDH que los países con los que la comparo. Es cierto. Pero análogas objeciones se podrían hacer a los datos que esgrimen quienes critican la situación de la Justicia entre nosotros.