Sólo uno de los 64 etarras que saldrían libres se ha arrepentido

La Razón
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Ni condena ni rechazo a la violencia. Casi la totalidad de los etarras que tienen aplicada la «doctrina Parot» y que saldrían de manera inminente de las cárceles españolas –y una de Reino Unido– si la Gran Sala de Estrasburgo tumba hoy la polémica jurisprudencia siguen la disciplina de la banda.

Todos, a excepción de José Arizmendi Oyarzábal, la pareja de Idoia López Riaño alias «La tigresa», no han renunciado a la violencia. Tampoco han realizado declaración alguna de arrepentimiento, ni petición de perdón a las víctimas, ni colaboración con la Justicia y no se han comprometido a pagar las responsabilidades civiles a las que hubieran sido condenados. En otras palabras, no se han acogido a la denominada «Vía Nanclares», que desde 2008 permite a aquellos etarras que se acojan a ella, obtener el tercer grado y posteriormente la libertad condiciona si han cumplido las tres cuartas partes de la pena.

Prueba de ello es que su situación penitenciaria es seguida muy de cerca por Etxerat, la asociación de familiares de presos de la banda, que critica como es habitual la dispersión de los reclusos de la banda por las cárceles españolas. Incluso, reclama la inmediata puesta en libertad por razones de enfermedad para seis de ellos en el último informe publicado, que abarca las novedades estivales de los reclusos etarras.

Y es que la inclusión de 63 de los 64 etarras en la lista mensual de este colectivo ya de por sí evidencia que permanecen a las órdenes de ETA. Es más, la gran parte de ellos cumple sus penas muy lejos del País Vasco, signo inequívoco de que no demuestran lejanía de la actividad terrorista de ETA. Así, por ejemplo, dos sanguinarios terroristas como Domingo Troitiño Arranz e Inés del Río Prada, condenados a 919 y 3.826 años, respectivamente, cumplen condena en la cárcel coruñesa de Curtis; Inmaculada Noble Goikoetxea, condenada a 325 años por ocho asesinatos está en la prisión de Algeciras y Juan José Zubieta Zubeldia, sentenciado a 1.851 años de prisión por ocho asesinatos y 55 atentados frustrados, cumple condena en la cárcel de Monterroso (Lugo), por poner algunos ejemplos.

Por contra, tan sólo tres de los terroristas que podrían solicitar su puesta en libertad en el caso de que hoy Estrasburgo condene a España cumplen condena en el País Vasco, lo que en el lenguaje de Instituciones Penitenciarias significa que al menos muestran alejamiento de la disciplina etarra. Son Patxi Gómez López, condenado a 48 años; José Ángel Viguri, a 59 años y Miren Gotzone López de Luzuriaga, sentenciada a 177 años. Pero los tres siguen figurando en la lista de Etxerat. Y es que la banda hace ya tiempo que dejó de expulsar a sus disidentes para tratar de evitar una imagen de debilidad entre sus bases.