Ministerio de Justicia
Tiempos de crisis, tiempos de reformas
A nadie se nos escapa que la Justicia está pasando por un momento trascendental, y ello debido a las numerosas reformas que se han puesto en marcha recientemente o que esperan ver la luz próximamente.
Momento trascendental en el que todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, siendo valientes y generosos para lograr el mayor consenso posible en su aprobación, pero sin perder de vista el hecho de que estamos en los albores de un importante cambio en nuestra Administración de Justicia y que no podemos perder nuevamente la ocasión de acometer el proceso de modificación que nos permita ofrecer al ciudadano la Justicia del siglo XXI que el mismo reclama.
Debemos apoyar unas estructuras organizativas ágiles que nos permitan defender la independencia de nuestros jueces, respetando en todo momento, como no puede ser de otra manera, las pautas marcadas en la propia Constitución Española.
Debemos apostar por una Justicia profesionalizada que sea capaz de dar respuestas de calidad al ciudadano que acude a la misma. Debemos contar con nuevas leyes procesales que, apoyándose en la tramitación electrónica del expediente judicial, eviten dilaciones indebidas en su tramitación y que sean el mecanismo adecuado para lograr una justicia más rápida. Debemos poner a disposición de los ciudadanos otros cauces para evitar la excesiva judicialización de todos los conflictos, ofreciéndoles procedimientos alternativos para la resolución de los mismos.
Debemos, de una vez por todas, aunar esfuerzos para lograr la necesaria modernización de nuestra Administración de Justicia, como único cauce para poder enfrentarnos a los retos que la sociedad actual demanda.
No me cansaré de repetir una y otra vez que si la Justicia es un Poder del Estado, la misma debe ser única e igual para todos los ciudadanos españoles con independencia de dónde éstos la reclamen.
Y, dado el actual reparto de competencias debido al carácter de Estado autonómico de España, este objetivo únicamente lo podemos alcanzar desarrollando una aplicación informática única para todo el territorio español que venga a unificar y homogeneizar las actuaciones procesales.
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