Torres-Dulce advierte a los nacionalistas de la «indisoluble unidad» de España

En plena euforia nacionalista catalana tras la Diada del pasado día 11, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, comenzó y finalizó su discurso en la apertura del año judicial, en presencia de Su Majestad el Rey, a la unidad de España y a la Constitución como marco de convivencia de todos los españoles desde 1978. Sus primeras palabras fueron para recalcar el papel del Monarca, «jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia». Y, sin solución de continuidad, lanzó un mensaje claro a todos los que quieren romper este marco: «Monarquía y Estado, Nación y Constitución, como fundamento de la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», un mensaje en el que, sin citar nadie, no pocos podían sentirse destinatarios del mismo.

Como colofón, y para recalcar su idea inicial, cerró con un elogio a la Constitución y a todo lo que representa: «Desde 1978, los españoles día a día intentamos, queremos, apetecemos y deseamos un Estado, una sociedad basada en la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».

Junto a ello, la corrupción fue el eje central de su intervención, «una de las cuestiones que más debilitan la fortaleza moral de nuestra sociedad», que tiene un fuerte impacto en el funcionamiento y prestigio de la Administración de Justicia, «que queda en evidencia cuando no es capaz de dar una respuesta solvente y tempestiva a cada una de sus manifestaciones».

Corrupción privada

Una situación que se complica toda vez que junto a esta corrupción pública, afirmó al respecto Torres-Dulce, porque junto a ello «se alza la corrupción privada», cuyos sujetos son directivos y y administradores de sociedades «que se prevalen de su condición para lucrarse a costa de la entidad que gestionan y de las personas que tienen intereses en ella».

En esta lucha, elogió la actuación de la Fiscalía Anticorrupción en el esclarecimiento de «gran cantidad de delitos» relacionados con el «manejo» de los caudales públicos y con el «ejercicio abusivo o desviado de las atribuciones públicas».

Por otro lado, Torres-Dulce se refirió al borrador elaborado por una comisión de expertos, por mandato del Ministerio de Justicia, del Código Procesal Penal. Por un lado, señaló, tiene el aspecto positivo de otorgar toda la instrucción del Ministerio Fiscal, pero, a la vez, criticó que, «al mismo tiempo», se le niegue «la capacidad de maniobra precisa para llevarla a buen término». Particulamente grave, destacó en este punto, es «el recelo que muestra hacia la figura del fiscal, pues le somete a un constante escrutinio de su actividad investigadora por el Tribunal de Garantías y por las partes personadas desconocido en el Derecho Comparado e incompatible con cualquier perspectiva de eficacia».

Acuerdo de Estado

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, aprovechó el que fue su último discurso en ese cargo para reclamar a los partidos políticos consenso y unidad para el nombramiento de los próximos vocales del Consejo, lo que se prevé que pueda estar cerrado a mediados de octubre.

Moliner incidió en su alocución que la reforma de la Justicia constituye una «cuestión de Estado que requiere por lo tanto, un acuerdo de Estado para que la misma pueda ser aceptada como definitiva y no sometida, como hasta ahora, a los vaivenes de cada situación política».

Junto a ello, y tras señalar la necesidad de abordar grandes reformas en la Administración de Justicia, señaló que la elección de los miembros del CGPJ estará tanto más legitimada no sólo por el sistema de elección parlamentaria «sino también por el hecho de que esa elección se haga por concurso y no por cuotas», que es lo que, a su juicio, garantiza mejor «una adecuada selección de sus integrantes».