«Trama Pulpo»: amaños, facturas infladas y contratos fraccionados

Contratos fraccionados, concursos a la carta, trabas a la competencia, sobrecostes, facturas infladas... El auto en el que la jueza Pilar de Lara cita a declarar como investigado por delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, entre otros, al líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, detalla el modus operandi utilizado por el entramado de cargos públicos y funcionarios para la supuesta adjudicación fraudulenta de contratos y el desvío de fondos públicos en la Diputación de Lugo bajo el mandato del actual secretario general del Partido Socialista de Galicia (PSdeG).

La resolución de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que investiga la «operación Pulpo» –que ha puesto contra las cuerdas la candidatura in pectore de Gómez Besteiro a la Presidencia de la Xunta de Galicia bendecida por Pedro Sánchez– precisa las «estrategias» utilizadas para llevar a cabo las adjudicaciones ilícitas en el marco del programa Km 0, una iniciativa incorporada a otro proyecto, Lugo 02 –receptor de fondos de la Unión Europea–, para promocionar el turismo en la provincia que habría amparado «amaños» para favorecer a determinadas empresas.

En primer lugar, los responsables de la Diputación fraccionaban el objeto de los contratos menores adjudicados a una misma empresa, por lo que eran «inmediatos en el tiempo por importes similares».

Límites a la competencia

En las adjudicaciones por concurso, «se invitaba a participar» en ellos a empresas vinculadas «todas ellas» a otro de los investigados, el empresario Raúl López, gerente del Grupo Monbus (en su caso por cohecho, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones y uso de información privilegiada), citado a declarar el próximo 11 de mayo. En otros supuestos, la presunta trama recurría «al procedimiento de urgencia sin justificación alguna con la finalidad de limitar la competencia».

En ese mismo programa Km 0, la Diputación obvió –según la jueza– unas licitaciones en condiciones de publicidad y concurrencia competitiva para garantizar el control del gasto. Y, sin embargo, optó por un sistema para llevar a cabo el proyecto que propiciaba «una gestión absolutamente arbitraria de los fondos públicos, carente de transparencia» encaminada más bien «a dificultar la fiscalización del gasto».

Al margen de los pagos en metálico, reseña, se dejaba a consideración de los proveedores de servicios de las rutas turísticas por la provincia, por ejemplo, «el cobro de las cantidades que arbitrariamente estableciesen para el caso de no asistencia de todos los visitantes inicialmente previstos». Asimismo, a cargo de los fondos de este programa se celebraban –«sin control alguno aparente» o con la «aquiescencia» de los superiores de Juan Carlos Fernández Pulpeiro, responsable de Relaciones Institucionales de la Diputación lucense– diversas comidas de distinto jaez (por «cooperación», «invitaciones» del presidente o para el «reconocimiento» de las rutas turísticas).

Famosos para «saludar»

Otro de los motivos de los «sobrecostes» se debió, según recoge la magistrada, a la incorporación «en el último momento» de personajes públicos «de perfil medio» con el objetivo, en teoría, de publicitar las rutas, aunque a la instructora no le parece lógico que se efectuase ese desembolso en contratar a unas personas cuya única misión era «saludar a los asistentes al evento».

Respecto a las supuestas subvenciones fraudulentas a entidades deportivas vinculadas a Raúl López (el Breogán recibió casi siete millones en subvenciones de 2006 a 2014), la investigación apunta a que «en numerosos expedientes de subvención no existiría justificación alguna».

La magistrada de la «operación Pulpo» se queja de la «opacidad y falta de colaboración» de los responsables de la Diputación de Lugo, una actitud que ha acentuado aún más la complejidad de la investigación. Esa obstrucción a la labor de la Justicia, explica en su resolución, «terminó haciendo necesaria la adopción de medidas restrictivas y limitativas de derechos», como los registros ordenados por la jueza para recabar la documentación necesaria para continuar adelante con las pesquisas.