UGT recibió un local público para una fundación fantasma

Alcorcón, 28 de marzo de 2011. Apenas quedaban dos meses para la celebración de las elecciones municipales que dejarían al socialista Enrique Cascallana fuera de la alcaldía, cuando el Ayuntamiento de Alcorcón aprobó durante un Pleno adjudicar a los representantes sindicales de UGT en el Consistorio un local de propiedad municipal. El asunto no tendría más trascendencia –por entonces el sindicato ya contaba con un local para trabajar en la localidad (igual que Comisiones Obreras y el sindicato de funcionarios CSIF)– si no fuera porque la petición se realizó para alojar una fundación que ni siquiera se había llegado a constituir en el momento en que resultó adjudicataria de la oficina de titularidad pública para desarrollar su labor. Una fundación fantasma.

Sin siquiera haber firmado el convenio, y a pesar de que para lograr esta adjudicación debían presentar los documentos relativos a la constitución de la nueva organización, entre otros papeles, los sindicalistas de UGT lograron que el equipo de Cascallana les entregara las llaves de una segunda oficina.

En Alcorcón, UGT cuenta con un local de 561 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento. Una sede en la que sólo deben hacerse cargo del pago de los recibos de agua y luz y para cuyo funcionamiento cada uno de los representantes de este sindicato (10 delegados en el Ayuntamiento, 4 por la Universidad Popular de Alcorcón y 5 más por el Patronato Deportivo Municipal –en la actualidad no hay representantes de las dos últimas instituciones–) cuentan con una subvención municipal de 706 euros por persona al año. Así, antes de que terminara el mes de marzo, los ugetistas de Alcorcón se encontraban con dos propiedades en su poder y más de mil metros cuadrados en locales municipales para desarrollar su labor. Porque no fue hasta ocho días después de tener en su poder las llaves de su segundo local –de 634 metros cuadrados en el barrio de San José de Valderas–, cuando el sindicato formalizó ante una notaría de la capital la constitución de la Fundación de Ayuda a las Víctimas de Accidentes Laborales (Fundival), una organización cuya creación se había propuesto durante la celebración de un congreso regional en mayo de 2009 pero que no había llegado a fraguarse hasta que Cascallana facilitó al sindicato el acceso a una sede. Una oficina a la que tendrían derecho sin pagar un euro, según el convenio, durante un periodo de 25 años.

Finalmente, el 20 de mayo de 2011, UGT-Madrid anunciaba a través de su página web la inauguración de la sede de Fundival en Alcorcón, un acto al que asistirían representantes del Ayuntamiento de la localidad (gobernado entonces por el PSOE) y de la comisión ejecutiva de UGT de la Comunidad de Madrid.

En ese momento, según un documento elaborado tras la llegada del Gobierno de David Pérez al Ayuntamiento alcorconero, el Consistorio destinaba a arrendamiento de locales en los que tenía instaladas distintas dependencias administrativas un presupuesto cercano a los 173.000 euros. Por eso, a petición del nuevo responsable de Hacienda y Urbanismo, el Ayuntamiento inició un expediente de resolución de cesión del citado local en San José de Valderas. Esta acción por parte del Partido Popular tendría su respuesta del sindicato en forma de manifestaciones en las que estuvieron acompañados por los ex concejales del Gobierno del socialista Cascallana. No sería hasta el 24 de junio cuando de nuevo el Pleno del Ayuntamiento dió marcha atrás a la adjudicación del local y resolvió no cedérselo de forma gratuíta a la fundación ligada a UGT.