Un alto cargo de la Generalitat, al Gobierno: «Sabemos que es muy difícil, pero vamos a intentarlo»

Ante el debate en el Congreso sobre el referéndum catalán del próximo martes, un alto cargo de la Generalitat ha confesado, al Gobierno: «Sabemos que es muy difícil, pero vamos a intentarlo». Y es que, desde Moncloa aseguran que «no hay signos de que se acepte la ayuda ofrecida para dar marcha atrás».

El debate en el Congreso sobre el referéndum catalán será el próximo martes. Y, aunque el diálogo directo entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, esté en fase muerta, los contactos entre ambas partes no han dejado de producirse. Bien a nivel político, bien por personas interpuestas, bien a través de otros representantes de la sociedad catalana. Los mensajes fluyen en ambas direcciones, dentro de lo que el Ejecutivo de Rajoy enmarca en la estrategia de ofrecer una salida a Artur Mas «del callejón en el que se ha metido». Pero dentro de ese cauce de diálogo, el mensaje que la Generalitat ha trasladado al Gobierno es inflexible. Aun siendo conscientes de las graves consecuencias sociales y de que el empeño está prácticamente condenado al fracaso, y así lo admiten, no hay marcha atrás ni en la defensa del referéndum de autodeterminación ni en el camino hacia la independencia. En el discurso privado los representantes de la Generalitat lo reconocen: «Sabemos que es muy difícil, pero tenemos que intentarlo». La pedagogía y las advertencias por parte del Gabinete de Rajoy sobre las graves consecuencias de seguir en esta huida hacia adelante no se quedan en el terreno público, sino que también han sido trasladadas en privado. Incidiendo, especialmente, en la tensión que la arriesgada posición política de CiU, de la mano de ERC, está generando en el pueblo catalán, además de sobre todo en el pueblo español. «Pero no hay signos de que se acepte la ayuda ofrecida para dar marcha atrás», explican en fuentes gubernamentales.

Ayer, era el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, el que confirmaba lo que en la víspera había dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Que hay diálogo entre las dos partes dentro de la Ley. En el caso de la vicepresidenta, se reunió en Moncloa hace dos semanas con la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega. Pero además el Gobierno mantiene contactos con otros dirigentes de CiU, como el propio Duran Lleida o Josep Sánchez Llibre. La pasada semana, Sáenz de Santamaría mantuvo también una reunión breve con Francesc Homs, consejero de Presidencia de la Generalitat, de la que se informó a los medios de comunicación. Desde el Gobierno insisten en que, por su parte, van a seguir intentado el diálogo con los nacionalistas, aunque también dejan ver su escepticismo en cuanto a su utilidad en aquello que trasciende a las cuestiones económicas y los problemas financieros de la Generalitat. La impresión es que el proceso va a seguir avanzando y que lo que lo detendrá será la «muerte política» de Artur Mas. «CiU está dividida, pero no reacciona. Lo harán cuando las urnas les coloquen ante la realidad social y ante el alcance del problema que están alimentando en Cataluña», sentencian desde el Gobierno. Entretanto, el Ejecutivo está analizando cada uno de los pasos que da el Govern o sus satélites, como, por ejemplo, la Asamblea Nacional Catalana. En este último caso, por ejemplo, están muy encima de sus fuentes de financiación. «Las cosas se hacen, pero para que sean eficaces y útiles al interés general hay que actuar con discreción y anunciar las decisiones cuando llega el momento», explican ante las críticas de quienes echan en falta acciones más contundentes por parte de Madrid. El Gobierno sostiene que está trabajando en todos los frentes y que está hablando «con todos los agentes necesarios» para hacer frente a cualquier decisión unilateral, sea política o bajo la bandera de supuestos movimientos sociales que «ampara y promociona el nacionalismo en el poder». Y advierten: «Que no vengan con la excusa victimista de que se persiguen ideas. Lo que se persiguen son actuaciones delictivas y al margen de la Constitución». Ayer, Duran Lleida instó al Estado y a la Generalitat a profundizar en el diálogo para encontrar una solución negociada a las exigencias catalanas.