Un año perdido para ETA

Los presos Javier López Peña, «Thierry», al que sorprendió un ataque al corazón en una prisión francesa; y Ángel Figueroa, que falleció en su casa, gracias a la legislación penitenciaria española, fueron «asesinados» por los Gobierno de Madrid y París, según ETA. «El pueblo no perdonará», sentenciaba el comunicado que hizo público el colectivo de reclusos de la banda

Estos términos, que hablan también de «pena de muerte, comportamientos macabros y de escarnio», están acompañados de una amenaza contra «los que creen para siempre en la inmunidad política y penal (...) La gravedad de la situación y estos fríos sucesos precisan de una respuesta de la misma dimensión habida hasta ahora», agregaba. Estos términos están muy lejos de los que contiene el documento en el que ETA ha plasmado el resultado del debate interno que, hasta enero pasado, mantuvo desde marzo de 2012, con el fin de que la militancia se pronunciara sobre la continuidad del «proceso político» o la vuelta a las actividades terroristas. El resultado, según expertos antiterroristas que aseguran conocer su contenido, es el de continuar con el «proceso», pero con los condicionantes marcados en el comunicado del 21 de octubre de 2011, en el que la banda anunciaba el supuesto «cese armado definitivo»: que los gobierno de España y Francia aceptaran negociar las «consecuencias del conflicto»; y ofrecer un «desarme», supervisado por quienes ellos quisieran designar, a cambio de la liberar de todos sus presos y que las Fuerzas de Seguridad y Ejércitos abandonaran el País Vasco y Navarra.

Lo que ocurre, según las mismas fuentes, es que después de concluido ese debate y redactado el documento, se ha producido el final de la «vía Noruega» para que se realizaran las citadas negociaciones; y la ruptura, prácticamente definitiva, con los «mediadores», «verificadores» y demás especies que se movían en torno al abogado sudafricano Brian Currin, para que el «conflicto» se «internacionalizara» y los ejecutivos de Madrid y París no tuvieran más remedio que sentarse con los terroristas en una mesa de conversaciones.

Tal y como adelantó LA RAZÓN, la banda ha tenido que improvisar, después de conocidos los resultados del «debate oficial», uno de carácter exprés con el fin de decidir qué medidas van a tomar a la vista del «callejón sin salida» en el que ha entrado el «proceso». Las relaciones con Sortu se encuentran bajo mínimos.

Por lo tanto, el documento con los resultados del «debate oficial», que podrían ser filtrado por los que durante este casi año y medio han defendido ardorosamente las bondades de dicho «proceso», no tiene ninguna validez operativa. A este respecto, las citadas fuentes advierten del peligro que supondría «vender» a la opinión pública que la banda renuncia para siempre a las armas, cuando los últimos comunicados e investigaciones indican justamente lo contrario. «Se trata de un papel sin valor y lo realmente importante es saber qué va a hacer ahora ETA», agregan.

Otros expertos, creen que la banda podría haber decidido darse un plazo de entre dos y cuatro meses para debatir las medidas que va a tomar. Sin embargo, la mayoría creen que los terroristas piensan que el tiempo corre muy deprisa y lo hace en su contra.