Un confidente infiltrado en ETA declarará en el juicio del «Faisán»

El juicio por el chivatazo policial que alertó a ETA en plena tregua, el 4 de mayo de 2006, de una operación policial contra su «aparato de extorsión», se celebrará a partir del próximo 16 de septiembre y tendrá un testigo de excepción. La Sección Tercera de lo Penal, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, ha aceptado finalmente la petición de la defensa de uno de los dos procesados, Enrique Pamiés, ex jefe superior de Policía del País Vasco, de que declare en la vista oral «El Romano», el confidente con el que según la versión de este mando policial se había citado el día del supuesto soplo en las inmediaciones del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa). Según las fuentes consultadas se trata de un «histórico colaborador de la Policía» infiltrado en la propia banda terrorista, por lo que se trataría de la primera vez que un confidente infiltrado en ETA declarase en un juicio en la Audiencia Nacional.

Pamiés y José María Ballesteros, ex inspector de la Brigada de Información de Álava, se enfrentan a una petición máxima de condena de diez y nueve años de cárcel, respectivamente, defendida por Dignidad y Justicia (la AVT la rebaja a ocho años y medio y ocho) por los delitos de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos. Por su parte, el fiscal Carlos Bautista pide dos años de cárcel para Pamiés y uno y medio para Ballesteros por revelación de secretos y, acatando las órdenes del fiscal general del Estado,Eduardo Torres-Dulce, solicita también alternativamente una condena a cinco años de prisión por colaboración con ETA (que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había descartado).

La abogada de Pamiés, María Ponte, señala en su escrito que su cliente«no tiene relación alguna con la filtración». Además, denuncia que más de 10.000 llamadas telefónicas no han sido investigadas, al descartarse las recogidas por los repetidores franceses y analizarse únicamente las efectuadas entre las 11:10 y las 11:40 horas y las de una duración inferior a cuatro minutos.

Pamiés sostiene que los datos de la baliza que tenía instalada en su vehículo Joseba Elosua, el dueño del bar Faisán (unas grabaciones que permitieron desvelar la filtración), «han sido modificados un día después de la filtración» y faltan dos pistas de audio grabadas la mañana del soplo antes de las 12:45.Además, recuerda que una de las cintas de vídeo grabadas en el local«tiene dos cortes intencionados y voluntarios» durante un «tiempo suficiente para ocultar a la persona que pudiera haber entregado el teléfono» a Elosua para darle el soplo.

La Sala ha rechazado ocho de las diez medios de prueba anticipada solicitados por Pamiés, entre ellos que se analizase el tráfico de llamadas del entonces comisario general de Información de la Policía, Telesforo Rubio, a quien considera «conocedor de las informaciones suministradas a Elosua por el delator».