Un hombre de ley

En el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y ante la Sala de Gobierno del Alto Tribunal, hace apenas un año juraba su cargo como Fiscal General del Estado José Manuel Maza Martín, hasta unos días antes magistrado de la Sala Segunda de lo Penal, en la que venía prestando servicios desde hacía varios años.

Ninguno de los allí presentes podíamos entonces mínimamente imaginar lo que iba a acontecer en nuestro país en los meses siguientes, el papel relevante que le iba a corresponder desempeñar al nuevo Fiscal y como su itinerario vital y profesional que aquel día comenzaba se vería bruscamente frustrado por una rápida y fatal enfermedad.

José Manuel era un hombre esencialmente bueno, de declarada y vivida vocación judicial y docente, muy amigo de sus amigos, afable y cordial con todos. Su ambición, si la tuvo, seguramente nunca le llevó a pensar que fuera a ser llamado a desempeñar la alta responsabilidad a la que se incorporaba aquel día. Era feliz en el Tribunal Supremo y en él sentía plenamente satisfecha su vocación judicial.

En los días posteriores a su posesión, cuando en diversas ocasiones conversamos en mi despacho sobre sus inquietudes ante el nuevo reto asumido, estaba siempre sereno, ratificado en sus convicciones más íntimas sobre lo que debía hacer al frente de la Institución para mejor servir a la sociedad. También era plenamente consciente del riguroso escrutinio de la opinión pública al que había de someterse enseguida.

Pero fue meses después, con el inicio del desafío al orden constitucional por parte de las instituciones catalanas, cuando desplegó los mejores rasgos de su carácter. El primero, su confianza plena en la ley como camino obligado para tratar de resolver el conflicto que se acababa de desatar. En segundo lugar, su sentido institucional, entendiendo rápidamente que correspondía al Ministerio Público asumir, junto al Tribunal Constitucional, el protagonismo en la defensa de la Constitución y del orden legal promoviendo la acción de la Justicia. Finalmente, su convicción de que debía obrar con autonomía del Gobierno que lo había nombrado como garantía última de la Institución que presidía, representante y defensora de los intereses de la sociedad en su conjunto ante los Tribunales.

Sus decisiones fueron controvertidas, como lo son siempre las que adopta un responsable público que debe abordar un problema complejo, pero siempre nacieron de su fe ciega en la Justicia y de su convicción como jurista de que solo el transitar por los caminos trazados por la Constitución y la ley permitirá a los españoles alcanzar la paz social, preservar su convivencia y procurar una vida mejor a las generaciones futuras.

Ésa fue su enseñanza y el sentido de su sacrificio. Descanse en paz.