Un partido que sí tiene pasado

Después de centrar su participación política hasta la fecha en Cataluña, este será el año en el que Ciudadanos buscará remover el panorama político a nivel estatal con su aparición en las generales, así como en las autonómicas y municipales. El grado de exposición mediática de su líder Albert Rivera es cada vez mayor, pero no va acompasado de los diferentes líderes regionales que representarán al partido en los comicios autonómicos. Estos, en la mayoría de los casos, son desconocidos para la opinión pública.

El logo de la formación naranja estará presente en las papeletas de las 13 comunidades en las que habrá elecciones el 24 de mayo –Baleares, Cantabria y Navarra están a expensas de que el Consejo General del partido lo ratifique– y en unos 700 municipios, entre ellos, las capitales de provincia. El crecimiento de la formación en los últimos meses es reseñable. Entre finales de 2013 y principios del pasado año, con las europeas en mente, Ciudadanos llevó a cabo una expansión a nivel nacional partiendo de la base que había mantenido en Cataluña. Con el objetivo de tejer una estructura regional potente, creó agrupaciones territoriales en las ciudades con las que más apoyos contaba en sus comienzos y creció de manera concéntrica.

Dado el gran espectro ideológico al que se dirige Ciudadanos, los equipos autonómicos se han formado en no pocas ocasiones en base a personas que en el pasado tuvieron relación con otros grupos políticos. Y estos son de muy diversos colores. A pesar de que una gran parte de los representantes del partido provienen del ámbito privado y no tenían experiencia en política hay varios casos llamativos que siguen esta tónica. Sin ir más lejos, un claro ejemplo es el candidato «naranja» a las elecciones del 22-M en Andalucía, en las que la formación entró por primera vez en un Parlamento regional, además del catalán, al obtener 9 diputados. La candidatura estuvo encabezada por Juan Marín, que suma ocho años en política. Hasta su reciente ascenso, Marín gobernaba con su partido independiente en su ciudad natal, Sanlúcar de Barrameda, junto al PSOE. Durante la campaña a la Junta Marín, no obstante, expresó que «pactar con el PSOE es traicionar la ilusión de la gente».

Otro caso similar es el de Valencia. Carolina Punset fue la única que consiguió los avales para ser la candidata en una comunidad en la que Ciudadanos también tiene puestas grandes expectativas. Hasta la actualidad, la que es hija del divulgador científico Eduard Punset tenía una concejalía en Altea (Alicante) formando parte de la plataforma ciudadana Cipal, un partido ecologista local. Incluso en 2012, gracias a su doble nacionalidad, se presentó a las legislativas francesas con Europe Écologie-Les Verts, donde en la primera vuelta fue la tercera aspirante más votada entre los ciudadanos franceses residentes en España. Por su parte, Alexis Marí, ex coordinador de UPyD en la Comunidad Valenciana, que en el pasado también militó en las filas populares, se presenta para acompañar a Punset como «número dos». Marí comunicó en octubre su decisión de abandonar la formación magenta y un mes después se adhirió a Ciudadanos.

La persona elegida para representar a Murcia es Miguel Sánchez. En las elecciones de 2011 fue elegido como concejal del municipio murciano de Caravaca por UPyD. Renunció a su acta de edil el pasado noviembre, ante la negativa a dimitir del alcalde de Caravaca, Domingo Aranda, imputado junto a siete de sus concejales en el «caso El Roblecillo». En Castilla y León estará al frente de la candidatura Luis Fuertes. En su caso, proviene del partido Unión del Pueblo Salmantino (UPS), un partido de la provincia de Salamanca que en su día fue fundado por José María Moreno Balmisa, antiguo militante del Centro Democrático y Social (CDS), primero, y del PP, después, con el que llegó a ser diputado. Este partido se integró en Ciudadanos en julio.

Esta misma forma de actuar tiene una réplica en el ámbito municipal. La candidata que luchará por una ciudad tan relevante como Barcelona ha sido una cara visible durante más de una década en la «ciudad condal» pero por parte del PP. En 1989 se afilió a Nuevas Generaciones y en 1991 al PP, y desde entonces comenzó su particular carrera política, en la que fue desde concejala en Barcelona hasta diputada en el Parlamento catalán, e incluso portavoz de los populares en el mismo.

Desde el partido no consideran un problema que personas que ahora están en Ciudadanos hayan estado implicados en política con otras siglas. «Analizamos de dónde proviene cada persona que solicita entrar en el partido. Cuando vemos que alguien ha recorrido muchos partidos la descartamos porque busca un paraguas para poder presentarse a las elecciones. Pero si se trata de una persona que haya salido decepcionada de su antiguo partido y es crítica consideramos que su integración en Ciudadanos es legítima y positiva porque busca el cambio», asegura Francisco Hervías, secretario general de Organización.

El sistema que usa Ciudadanos para la elección de sus candidatos es el de las listas abiertas, donde los afiliados son los que tienen la capacidad de voto. Encima de la mesa está la posibilidad de que en un futuro también tengan capacidad de decisión los simpatizantes. Para poder ser cabeza de lista se debe conseguir un 10% de avales de los afiliados adscritos a la circunscripción electoral correspondiente. Y para poder ser elegible como candidato se pone como requisito tener una antigüedad mínima de seis meses como afiliado, aunque en casos excepcionales, como el de Begoña Villacís, el Comité Ejecutivo tiene la potestad para dispensarlo.

Tal y como explica Hervías, el número de afiliados ha aumentado notablemente tras los resultados de las europeas y, más recientemente, tras las andaluzas. Tras lograr dos escaños en Estrasburgo, el número de afiliados aumentó hasta los 5.000 tras comenzar el año con unos 2.000. Y desde entonces no ha parado de crecer hasta situarse en 15.000. Tan sólo durante este mes de marzo otras 5.000 personas más han pedido la afiliación pero están pendientes de ser aprobadas puesto que se estudia el perfil de cada persona –su historial político, su patrimonio, etc.– antes de ser admitida.