Un político experimentado, tocado por la corrupción

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, es un experimentado político que ha desempeñado multitud de cargos públicos en el Consell y en el PP valenciano, y que ahora, tras un año en la Administración estatal, también ha sido detenido por un caso de presunta corrupción.

Castellano está siendo investigado por supuestas irregularidades en adjudicaciones a la empresa de servicios contraincendios Avialsa T-35 y supuestos regalos durante su etapa como conseller de Gobernación.

La Policía está pidiendo documentación en la Conselleria de Gobernación y practicando registros en su vivienda de Benisanó, un municipio de 2.200 habitantes situado a 23 kilómetros de Valencia del que fue alcalde durante dos mandatos.

Desde que se destaparon las presuntas irregularidades, Castellano ha defendido siempre que él pagó un rifle semiautomático tras las acusaciones de que fue un regalo de Avialsa T-35.

Serafín Castellano (Benisanó, Valencia, 1969), licenciado en Derecho, fue nombrado delegado del Gobierno hace prácticamente un año y por ello tuvo que dejar su escaño en Les Corts Valencianes.

De trato afable y dialogante, su trayectoria política de veintisiete años comenzó en el ámbito local y prosiguió en la administración autonómica, que ha compaginado con diversos cargos orgánicos en el Partido Popular valenciano.

Afiliado al PP en 1988, durante siete años fue conseller en tres carteras con cuatro presidentes de la Generalitat (Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps y Alberto Fabra).

Además, ha sido vicepresidente provincial de Nuevas Generaciones, vicesecretario del PP, presidente del Comité electoral, presidente provincial del PP de Valencia y finalmente secretario general del PPCV, cargo del que fue relevado tras el resultado de las elecciones europeas de 2014.

En 1999, el entonces president de la Generalitat, Eduardo Zaplana, le convirtió en conseller de Justicia y Administración Pública, cargo que ocupó hasta mayo de 2000, cuando pasó a encargarse de la Conselleria de Sanidad, responsabilidad que desempeñó hasta 2003, con la presidencia de José Luis Olivas.

En 2003, el nuevo president de la Generalitat, Francico Camps, le situó como portavoz del PP de Les Corts Valencianes, y durante esa legislatura se encargó de encauzar un grupo parlamentario marcado por la división entre los seguidores de Zaplana y de Camps, en la supo adaptar sus preferencias del primero al segundo.

En recompensa, Camps le nombró durante su segunda legislatura (2007-2011) conseller de Gobernación, con el objetivo de que desarrollara el nuevo Estatuto de Autonomía valenciano, de cuya reforma en 2006 fue uno de los artífices.

Cuando en julio de 2011 Camps renunció a la presidencia de la Generalitat tras ser procesado en la denominada causa de los trajes del caso Gürtel, su sustituto, Alberto Fabra, le mantuvo en el Gobierno valenciano al frente de la Conselleria de Gobernación, a la que en diciembre de 2012 sumó las competencias de Justicia.

Fabra recurrió además a él en el congreso regional de 2012 para que fuera el secretario regional del PP, su "número dos"en el partido, del que fue relevado tras los malos resultados del partido en las elecciones europeas.

La oposición ha reprochado de su gestión en el Consell las adjudicaciones de obras a Construcciones Taroncher, propiedad de un amigo; su participación en una cacería junto al presidente del grupo Avialsa, al que se adjudicó un contrato para la extinción de incendios por 22 millones de euros en 2010, y la firma de contratos con Over Marketing, investigada en un juzgado de Palma por supuesta financiación ilegal del PP balear.