Un trabajador de Mercasevilla: «Siempre pensamos que pasaba algo raro»

Unas escuchas telefónicas destaparon el nido de corrupción en Mercasevilla. De este hilo, la jueza Alaya comenzó a tirar hasta deshacer la red que afecta a todas las provincias andaluzas. Todo comenzó unos años antes, en 2003, cuando el presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez (CC OO), habló a los directores (Fernando Mellet y Daniel Ponce) de un buen contacto para «plantear un ERE para rejuvenecer a la plantilla». El sindicalista les «remitió» a Juan Lanzas. Les mencionó sus buenos contactos con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Aquí surgía otra rama de la red corrupta en la capital andaluza. «Siempre pensamos que pasaba algo raro», contó a LA RAZÓN un trabajador de Mercasevilla.

Alaya habló de «un sistema perfectamente establecido». En el auto que ordenaba la prisión sin fianza para los directivos de Vitalia acusaba a los sindicatos de cobrar comisiones «aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno», pues su aportación real era «la información privilegiada que facilitaban a la mediadora sobre empresas en crisis que pudieran derivar en la subscripción de una póliza». Entre los dos sindicatos manejaron casi cinco millones de euros.

El fondo aprobado por la Junta para afrontar los supuestos despidos de empresas en crisis ascendía a 721 millones. Las bifurcaciones de la trama se extienden por toda Andalucía. «Pero aquí ni aparecerá el dinero ni se quedará nadie en la cárcel. Ya verás», se enfadaba otro trabajador en Mercasevilla. «Al menos nosotros tenemos trabajo», añade después comprensivo. «Pero unos trincaron millones y otros no tienen para comer», concluye con la mirada perdida.