Un verificador entregará en la Fiscalía de Pau la geolocalización de los zulos

La banda ha organizado un montaje para vender el «desarme» en el que los llamados «artesanos de la paz» estarían presentes cuando la policía acuda al monte y casas particulares a requisar las armas.

Los planes para lo que se quiere presentar como un «desarme total» de ETA el próximo fin de semana, con un acto central el sábado en Bayona, incluyen la entrega de un plano con la geolocalización de los zulos (en el monte y en casas particulares) en la Fiscalía de Pau, la capital de los Pirineos Atlánticos, según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas.

El que haría la entrega, que puede plantear problemas de tipo jurídico, sería un miembro de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), que pretende –otra cosa es que se lo permitan– supervisar el proceso de levantamiento de los zulos.

Encabezada por Ram Manikkalingam, director del Dialogue Advisory Group (DAG), el CIV está integrado por Ronnie Kasrils, ex ministro de Inteligencia y viceministro de Defensa de Sudáfrica; Chris Maccabe, ex director político de la Oficina de Irlanda del Norte del Reino Unido; Satish Nambiar, ex vicejefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de la India; Aracelly Santana, que formó parte de la misión de las Naciones Unidas en Nepal (UNMIN); y Fleur Ravensbergen, coordinadora del CIV (la que se ocupa de las finanzas).

La intención de los verificadores y de los que han organizado todo este montaje, los llamados «artesanos por la paz», es estar presentes, con medios de grabación y periodistas de su confianza, en el momento en el que la Policía Judicial acuda al levantamiento de los zulos, con el fin de convertir un acto judicial y policial en una especie de «circo».

Las fuentes consultadas subrayan que está por ver la decisión que adopte la Fiscalía y, en su caso, la autoridad judicial cuando se produzca, si es que se produce, la entrega del documento con la localización de los zulos. Puede optar, al menos eso es lo que desean los organizadores de todo este asunto, ordenar a la Policía Judicial que acuda inmediatamente a los lugares señalados con el fin de hacerse cargo de armas y explosivos, lo cual no es un proceso que se puede improvisar ya que también tienen que intervenir expertos en explosivos por si el material está en malas condiciones y supone un peligro su traslado o manipulación.

También puede ocurrir, y aquí es donde empezarían a fallar los planes de verificadores y «artesanos», que desde el Tribunal de Pau se ordene el «aseguramiento» de las zonas marcadas y se de traslado al Tribunal Correccional de París, competente en materia de terrorismo. Con un fin de semana por medio, el «circo» habría que dejarlo para otro día.

También hay que tener en cuenta que en ambos casos, tanto si se ordena el levantamiento de los zulos o se retrasa esta operación, se tiene que realizar, aunque sólo fuera por razones de seguridad, sin la presencia de personas ajenas a los aparatos judiciales y policiales. No se puede descartar que se orden alguna detención con el fin de que al que le corresponda dé las explicaciones pertinentes de cómo ha llegado a sus manos el plazo de los zulos.

Con toda esta maniobra, lo que pretende ETA es lanzar el mensaje de que no ha sido derrotada y entrega las armas cuando quiere y como quiere, lo que es un absoluta falacia, según las referidas fuentes. La banda ha sido derrotada desde el plano operativo y por eso quiere escenificar esta especie de «empate» que no se cree nadie que conozca nuestra historia reciente, agregaron.

El pasado mes de diciembre, los citados «artesanos» trataron de organizar un montaje parecido con una simulación de destrucción de armas. Sin embargo, fueron detenidos en una operación conjunta de la Guardia Civil y de los Servicios de Información franceses. En poco tiempo han pasado de la táctica de la destrucción a la de la entrega, lo que no deja de llamar la atención, por su improvisación y afán de protagonismo.

Tal y como adelantó LA RAZÓN, la Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere tener la posibilidad de inspeccionar las armas que ETA pueda entregar en busca de evidencias que permitan avanzar en el esclarecimiento de atentados de la banda terrorista que todavía no han sido resueltos.

La Guardia Civil había entregado un informe para que se reclamaran de a las autoridades galas esas evidencias.