Una reforma que acentúa el control político

¿Cómo catalogar un órgano de gobierno de magistrados que queda limitado a un presidente y dos adjuntos?

La Razón
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El programa de Justicia presentado ayer por Ciudadanos supone eliminar de un plumazo todo el edificio que alberga al Poder Judicial. Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Tribunal Constitucional, ninguno de ellos se libra de un derribo integral. De tener reflejo normativo, estas reformas supondrían que por el mero hecho de haber ocupado un cargo público, de servir a la sociedad desde el mismo, se estaría estigmatizando a magistrados, fiscales y secretarios judiciales, impidiéndoles ocupar cargos de responsabilidad en el ámbito judicial.

Con todo, quizá lo mas llamativo sea lo referente al Consejo General del Poder Judicial. Si con el modelo actual, tras la última reforma llevada a cabo por el actual Ejecutivo del PP, no han sido pocas las críticas vertidas respecto a que se instauraba un «Consejo presidencialista», ¿cómo se podría catalogar un órgano de gobierno de jueces y magistrados que queda limitado a un presidente y dos adjuntos? El resto desaparece de un plumazo, como en algunos de los grandes trucos de famosos magos, en los que los espectadores «desaparecían» tras el telón en cuestión de un segundo. Igual pasaría con los vocales del CGPJ.

Con el «Consejo Ciudadanos» el presidente se convertiría en el auténtico «emperador» de la judicatura. ¿ Hay que nombrar a un presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrados del Tribunal Supremo? El «emperador», con el sabio consejo de sus adjuntos, los nombraría con todas las bendiciones, pues se ajustaría a un «baremo» que, como si se tratara de una tabla de multiplicar, no tendría el más mínimo margen de interpretación, valoración de circunstancias que puedan concurrir, etc. Pero hay un dato que la propuesta de éste «Consejo Ciudadanos» no menciona, y no es otro que la designación de dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde al CGPJ por mandato constitucional. También en este caso, el presidente sería quien designase a esos dos componentes del tribunal encargado de velar por el respeto a la Carta Magna y a los derechos fundamentales.

«Más leña a la caldera», como dijo el clásico, o, en este caso, más poder para el «emperador». Con todo, quizá lo más paradójico sea el hecho de que se englobe esa reforma con el noble y loable objetivo de intentar despolitizar la Justicia, sus organos de Gobierno –objetivo que es compartido por todos–, pero donde se da la circunstancia de que en la designación del presidente (también tendría la facultad de sancionar a los jueces) sólo intervendría el Poder Legislativo, es decir, los políticos. La Carrera quedaría al margen de todo y no contaría absolutamente para nada, no estaría representada en el órgano que le gobierna, vela por su independencia o les sanciona. Es algo así como «todo para el pueblo pero sin el pueblo», o, lo que sería aplicable en este caso: para mejorar la Justicia, hagamos que sea el Parlamento, el único poder de su independencia, nombremos a su «emperador», y los jueces y magistrados, a lo suyo, sin poder elegir, ni proponer ni estar representados. Faltaría más.

Sin embargo, esta reforma «Ciudadanos» sí tiene un aspecto positivo: la supresión de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados para la Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Esta cuestión, que ya había sido planteada anteriormente por distintos responsables políticos, parece desde todo punto de vista lógico que se lleve a buen puerto. No da sensación de imparcialidad o de independencia el que un magistrado designado por una cámara autonómica, donde siempre va a predominar un color político, fuera posteriormente a instruir o juzgar una causa en la que esté involucrado un aforado del partido mayoritario del parlamento que lo propuso.