Unas Cortes disueltas al servicio del presidente-candidato

Sólo en tres ocasiones desde 1978 se han presentado decretos que no fueran urgentes o para catástrofes.

«Este Gobierno no cierra». La frase, pronunciada el viernes por la ministra portavoz, esconde muchas de las claves con las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez afrontará las semanas que restan hasta el 28 de abril. En Moncloa no están dispuestos a desaprovechar los altavoces que les concede estar en el poder. Los grupos de la oposición han denunciado el «cuestionable rigor» de utilizar el Parlamento o el Consejo de Ministros a las puertas de una cita con las urnas. El Gobierno, sin embargo, se defiende: trabajará hasta el último día, «de acuerdo a la ley». Un matiz importante este último ya que la literalidad de la ley ampara la legitimidad de su hoja de ruta de seguir aprobrando reales decretos y de llevarlos para su convalidación a las Cortes ya disueltas, cuando entre en funcionamiento la Diputación Permanente. El Reglamento del Congreso establece que este órgano asumirá todas las funciones del Parlamento en lo que concierne a los reales decretos. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General únicamente impide a los gobiernos realizar inauguraciones o actos en los que se repasen los logros conseguidos durante un mandato en tiempo preelectoral y de campaña.

Sin obstáculos legales a la vista, los planes del Gobierno pasan por intentar dar luz verde al máximo número de medidas, vía decretazo, en el último Consejo de Ministros de la Legislatura, que tendrá lugar el próximo viernes. Ese 1 de marzo, Moncloa podría alumbrar un nuevo decreto para regular el mercado del alquiler de viviendas y dar forma a varias medidas laborales: la aprobación del subsidio para parados mayores de 52 años y de larga duración, la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes o la ampliación de los permisos de paternidad. Medidas todas ellas con un claro contenido político y que trascienden, por tanto, el carácter de interinidad que se le supone a la Diputación Permanente. De hecho, este tipo de decretos constituyen una excepción dentro de los que han sido convalidados en este órgano a lo largo de todas las legislaturas que han transcurrido desde 1978: de los 39 reales decretos salidos de la Diputación Permanente, sólo 3 –un 8% del total– tuvieron como finalidad la puesta en marcha de iniciativas políticas. Fueron firmados por los gobiernos de Leopoldo Calvo Sotelo, Adolfo Suárez y José María Aznar. El grueso de estos decretos, 27 del total –un 69%– sirvieron para afrontar pagos o actuaciones urgentes. Los 9 decretazos restantes –que representan el 23%– fueron convalidados para activar créditos destinados a regiones afectadas por inundaciones, incendios o sequías.

La Diputación Permanente no es, sin embargo, el único escenario, derivado de su acción de Gobierno, que Sánchez ha explotado en estos primeros días de precampaña. La estrategia arrancó antes incluso de dar a conocer la fecha de los comicios: los grupos de la oposición censuraron «el mitin» que protagonizó durante su comparecencia ante los medios para dar cuenta de las razones del adelanto electoral. La portavoz Celaá, en las últimas semanas, también se ha servido de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para lanzar dardos contra los partidos de la oposición. A todo ello se suma que el Ejecutivo haya dado luz verde a iniciativas que, por plazos, no prosperarán –como la Estrategia de la Energía y el Clima o la reforma educativa–. Todo apunta a que explotará el filón de la exhumación de Franco hasta el último minuto. Y la televisión pública no ha sido una excepción en esta puesta en escena del candidato-presidente: fue entrevistado convocar el 28-A y esta semana conectó en directo con la presentación de su libro «Manual de Resistencia».