«Venga a las asambleas. Si no, tendremos que acercarnos nosotros»

Ya han formalizado denuncia cuatro diputados del PP contra la campaña de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que lleva hasta su entorno más personal la exigencia de que secunden en el Congreso su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en apoyo de la dación en pago.

Ya han formalizado denuncia cuatro diputados del PP contra la campaña de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que lleva hasta su entorno más personal la exigencia de que secunden en el Congreso su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en apoyo de la dación en pago. Otros tres se están pensando si formalizan o no la denuncia. Y falta en la lista el ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, que pese a ser una de sus «víctimas» no tiene intención de tomar ninguna medida en su defensa.

Ayer se conocieron otros dos casos. El de la diputada por Gerona Concepción Veray, que dice haber recibido «amenazas de muerte» y se une así a los otros casos de «acoso» en domicilios particulares de parlamentarios por Barcelona. Entre ellos, el de María Ángeles Esteller y Antonio Gallego. También se ha visto perjudicado por el «escrache» Jorge Moragas, responsable del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. El PP catalán ha anunciado que sus servicios jurídicos están analizando los hechos porque creen que podrían ser constitutivos de delito.

El otro caso que ha salido a la luz es el de la diputada por Asturias Carmen Maniega, quien ya había puesto en conocimiento de la Policía Nacional varios episodios de «acoso» de la PAH del Principado y ayer ratificó formalmente su denuncia. Maniega sostiene que fue perseguida por un grupo de activistas a la salida de una reunión de Federación Asturiana de Concejos «al grito de asesina, criminal y sinvergüenza». Que la persiguieron durante más de una hora por las calles de Oviedo hasta que tuvo que pedir ayuda a la Policía para poder entrar en un taxi. La PAH de Asturias niega haberla «coaccionado, acosado, insultado o amenazado» y sostiene que sólo consiguieron que «escuchase» a un grupo de la Plataforma. «Sólo se pretende informar a los diputados que han dicho que votarán "no"a la Iniciativa Legislativa Popular presentada para modificar la Ley Hipotecaria», argumentan.

Los primeros signos de presión sobre los diputados del PP comenzaron hace unas tres semanas y además de los casos citados, hay otros tantos dirigentes que se ha visto afectados en un entorno no tan estrictamente personal como pueda ser el domicilio, pero sí en la calle, paseando, o a la salida de actos de su partido. En la conferencia que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pronunció en Madrid el pasado día 11, a las puertas del hotel en el que se celebró ya había activistas de la Plataforma que dirige Ada Colau con carteles y proclamas.

Los diputados están advertidos de la que se les viene encima porque han recibido una carta del grupo de Colau en la que se les explica que si no les hacen caso, y no se acercan a sus asambleas a escuchar sus exigencias, serán ellos los que vayan a buscarles. Los términos están muy cuidados, pero el mensaje es muy claro: «Hasta que se vote la ILP usted puede cambiar de opinión. Venga a visitarnos. Si no puede, tendremos que acercarnos nosotros. Esta carta es una invitación formal para acompañarnos algunos días, semanas. Para venir a nuestras asambleas y vivir en directo el motivo por el cual decimos que las medidas de la ILP son de mínimos y, por eso mismo, innegociables», dice, textualmente, la carta enviada a diputados.

La dirección del Grupo Popular está a la espera de ver cómo evolucionan los hechos para decidir si adoptan otras medidas de carácter colectivo como pedir amparo al Congreso o presentar una denuncia en nombre del PP. Dicen que la movilización de la PAH no puede sostenerse sobre «la coacción y la amenaza» para intentar alterar el sentido del voto de los parlamentarios. Creen también que detrás de la campaña de Ada Colau hay un componente ideológico que trasciende «la causa de los afectados por la ejecución hipotecaria». «Están utilizando esta causa para hacer política y desgastar al Gobierno. En otras circunstancias y con un Ejecutivo de otro color no se estarían comportando de la misma manera. De hecho, con el PSOE no lo hicieron, pese a que no hicieron nada en su ayuda», dicen.